POSADAS. Los actos por la Semana de la Memoria en Misiones, que culminaron con un recital en el que cantó la ex ministra kirchnerista, Teresa Parodi, no pueden ocultar un problema irresoluble para los funcionarios, legisladores y dirigentes de la Renovación más ligados al campo de los Derechos Humanos: el caso de Rubén Oscar “Carozo” Gabriel y el cuestionado decreto 897/2005 del ex gobernador Carlos Rovira.
Los dirigentes y funcionarios de la Renovación con pasado como presos políticos de la última dictadura militar o los que están al frente de organismos como el Ministerio de Derechos Humanos, no pueden ni mencionar la palabra Gabriel en público, especialmente durante la Semana de la Memoria. Es que el ex jefe de la policía durante la gestión de Rovira como gobernador, se vio beneficiado y hasta protegido por el decreto 897/2005, que dispuso la destrucción de los archivos de la Jefatura de Policía de Misiones.
Según fuentes reservadas de este medio, la destrucción de los archivos ordenada por Rovira, intentó “limpiar” el pasado de Gabriel, señalado por ex presos y sobrevivientes de la represión ilegal de la Dictadura de 1976-1983, como uno de los cómplices de los torturadores. Por aquellos años, Gabriel habría formado parte de los grupos de tareas que operaron en Misiones. De ahí que obtener los registros de las guardias de esa época, que estaban en la Jefatura, era crucial para avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad. Es decir, en una causa imprescriptible contra Gabriel.
Sin embargo, Rovira firmó un decreto para destruir esa documental, protegiendo al ex Jefe de la Policía de Misiones, que sigue gozando de la impunidad vinculada al poder renovador, pese a ser señalado como uno de los partícipes de los secuestros y torturas organizados por el estado de facto.
Recordemos que en el reciente juicio contra represores de la policía en Posadas, el único de los acusados que recibió la absolución fue el médico Mendoza. Muchos vincularon ese fallo con la estrategia de su defensa de exigir al tribunal que investigue los hechos vinculados al decreto 897/2005. Actualmente, ese decreto con el que Rovira habría protegido a Gabriel, no puede ser siquiera encontrado, en los registros de la Gobernación misionera.
De ahí que el caso Gabriel es muy problemático para dirigentes del autopercibida “ala progre” de la Renovación, que representan el ex Ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo “Pelito” Escobar, la actual Ministra de Derechos Humanos, Lilian “Tiki” Marchesini y la actual Subsecretaria de Derechos Humanos, Amelia Báez.
Ninguno de los tres, ni mucho menos, otros dirigentes y legisladores de menor peso, han hablado jamás del polémico decreto en cuestión. El que sí habló públicamente una vez sobre esto, fue el actual gobernador Hugo Passalacqua, que defendió la quema de archivos que protegió al ex jefe de la policía.
Asimismo, desde la Cámara de Representantes, el caso Gabriel tampoco está en la agenda de los legisladores, ni siquiera entre los opositores, que desde 2011 para acá, no salen a reclamar públicamente, que el Estado provincial de las explicaciones del caso. O al menos, haga público el contenido y los fundamentos del 897/2005.
