POSADAS. El encuentro de Defensores del Pueblo de diversos puntos del país, con vistas a conformar una Federación de Defensorías, en un contexto en el que muchas veces el estado nacional o las provincias, no responden a las demandas o consideran que las defensorías locales, “no tienen competencia” para intervenir en un conflicto dado.

Defensores de las ciudades cordobesas de Villa María y de Río Cuarto, más el de Oberá y de Posadas, mencionaron entre los problemas que suelen enfrentar, el de la provisión deficiente del servicio de electricidad. Y hasta el propio Penayo, que es un funcionario renovador y forma parte del mismo oficialismo que gerencia la empresa Energía de Misiones SA, admitió que falta inversión en infraestructura eléctrica.

Quien sí apuntó a esta cuestión, sin medias tintas, fue el Defensor del Pueblo de Oberá, Carlos Bernhardt, apuntando a la famosa línea de 123 KV.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Ismael Rins, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto, aseguró que hay “problemáticas que nos son comunes”. Por lo que es importante conformar una Federación de Defensorías nacional, con una “agenda defensorial propia que vaya más allá de la de nuestros gobiernos”. “Como organismos públicos de protección de derechos tenemos que construir nuestras propias agendas”, insistió.

Los órganos de contralor de servicios públicos, “no tienen una presencia fuerte en la población”

Ante la consulta de este medio, Rins dijo que, en Río Cuarto, los conflictos giran en torno al “abanico de servicios públicos, transporte, residuos sólidos, agua, pero también temas vinculados a la salud. Y los servicios prestados por empresas de orden provincial pero que impactan en nuestra ciudad, como el servicio de luz o gas, que son nacionales pero los vecinos sienten mucho pesar cuando vienen los aumentos o faltan servicios”, contó.

En Río Cuarto “tenemos una empresa provincial de energía eléctrica, la EPEC que, si bien tiene su órgano de contralor, siempre tenemos esa impronta en nuestro trabajo: dialogar con los órganos de contralor. Pero estos, en general en la República Argentina, cuando uno los analiza, no tienen una presencia fuerte en la población”, planteó Rins, mencionando los casos de la Superintendencia de Servicios de Salud, Enacom, Enargas o la Agencia Nacional de Protección de Datos. “La digitalización ha generado una nueva vulneración”, remarcó.

“Tenemos muchísimos temas, pero nos hemos centrado en el debate vinculado a crear una federación que nos nuclee y nos ponga como interlocutores ante la organización que está del otro lado, la Federación de Municipios”, destacó.

“Con la digitalización, se ha vulnerado más a los vulnerables: adultos mayores y personas con discapacidad”

En la misma línea que Rins, la defensora del pueblo de Villa María, Alicia Peresutti, primero agradeció la convocatoria a Penayo, a quien describió como un “enorme luchador” en todo lo que es “derechos humanos y perspectiva de género”.

Sin olvidar que pasará a trabajar en 2023 como directora de relaciones institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Rins dijo que en cada municipio, tienen “problemáticas locales comunes, como el tema de la toma (de tierras), del agua y de la energía. Y con la digitalización, se ha vulnerado más a los vulnerables: adultos mayores y personas con discapacidad”, sostuvo. Y advirtió a todos los ciudadanos “no tienen idea de lo vulnerables que somos con la digitalización”

“Hay defensorías locales a las que el Estado nacional les dice ‘no tenes competencia’. Con esta federación tomamos fuerza y la legitimidad nos la da el conjunto, el colectivo. Por eso es tan importante que estemos juntos”.

Penayo admitió que falta inversión en infraestructura eléctrica

A su tiempo, Alberto Penayo, el defensor del pueblo de Posadas y dirigente de la Renovación K, sostuvo que “nunca tenemos que perder de vista que el adulto mayor siguió estando en la agenda de la defensoría”. Y añadió que “el agua potable sigue siendo el tema” de la ciudad capital.

Asimismo, otro de los debates en los que interviene la defensoría posadeña, según Penayo, tiene que ver con “la situación de regularización dominial. Estamos trabajando en la mayoría de los asentamientos porque mayoritariamente son privados”, dijo.

Por último, Penayo se refirió al –espinoso para él– problema del servicio eléctrico que presta la empresa provincial EMSA, controlada por el Frente Renovador de la Concordia Social.

“En materia de energía eléctrica hubo varias situaciones. No es algo que hay que desconocer. Es parte de una infraestructura que EMSA los tiene que ir reemplazando. Hay que tratar de llegar a un diciembre con la mayor cantidad de reemplazos de equipamientos”, admitió Penayo. Y rápidamente mencionó la cuestión de la inversión en infraestructura de provisión de agua potable, para que no haya cortes del servicio.