BUENOS AIRES. Finalmente, el oficialismo y la oposición no lograron cerrar un acuerdo para aprobar 18 concursos de jueces para cubrir 49 vacantes, varias de ellas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se juzgan los casos que involucran al poder político. Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete y la oposición seis, por eso era imprescindible el acuerdo.

Según publicó Infobae, el tema formó parte de la agenda en el inicio de la última sesión del Consejo de la Magistratura antes de que entre en vigencia el fallo de la Corte Suprema que invalidó la actual conformación del cuerpo.

Como el Congreso no logró consensuar una reforma, a partir del 16 de abril el Consejo de la Magistratura debería retomar su conformación anterior, con Horacio Rosatti como principal autoridad, algo a lo que se opone el kirchnerismo. Los consejeros debaten ahora un reglamento especial para definir qué sucederá en las próximas semanas.

Por los feriados de Semana Santa, el lunes será el día clave. Pero no habrá otra composición y crece la incertidumbre de lo que podrá pasar.

Lo que establece el reglamento de la Magistratura

El reglamento especial generó una pelea entre el oficialismo y la oposición. Se trata de un texto para actuar en la parte de parte administrativa ante cualquier contingencia hasta que el Consejo se integre. Una de las funciones del organismo es la administración del Poder Judicial de la Nación. El pago de sueldos, la compra de insumos, licitaciones. El día a día del trabajo de los tribunales.

Es el aspecto que más preocupa para no paralizar el funcionamiento. Los dos sectores estuvieron de acuerdo en que debe haber un esquema para evitar la parálisis. Pero las diferencias surgieron esta semana.

El reglamento redactado -que tiene dos puntos- propone delegar en el actual presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo, la gestión de los recursos humanos, la ejecución de los actos administración, representar al organismo en los juicios y asignar a las comisiones los temas que ingresen.

En tanto, el segundo punto es que el Presidente, en aquellos casos que exceden las funciones que recibió, puede consultar a otros consejeros para tomar decisiones. Para eso necesita el aval de siete miembros, dice el proyecto del reglamento. Siete es el bloque de consejeros del oficialismo.

La puja por los consejeros y los reglamentos que se aprobarían

En la oposición objetan ese último punto. No quieren que el poder para temas mayores -aunque puedan ser limitados- quede a decisión del oficialismo. “Entendemos que mínimo debe ser con nueve consejeros, una mayoría agravada”, le dijo a Infobae un hombre de la oposición. Eso implicaría que su bloque tengo poder de opinión. Ayer hubo charlas y negociaciones por ese tema y las posiciones estarían cerca de llegar a un acuerdo. Será tema de debate en el plenario de hoy.

También se aprobarán otros dos reglamentos. Son la convocatoria para octubre de las elecciones de jueces y abogados para cuando el Consejo deba renovarse en noviembre, ante el vencimiento de sus actuales integrantes. Ante la duda de si para entonces el organismo podrá aprobarlos, el Consejo se adelanta a esa eventualidad y ya deja reglamentada las elecciones.

El fallo de la Corte que dio 120 días de plazo para que el organismo se adecúe

A esta situación se llega tras el fallo de diciembre pasado de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo. El máximo tribunal dio un plazo de 120 días para que haya una nueva composición. Ya sea por una ley del Congreso o con su composición anterior de 20 consejeros y si eso no se cumpla todo lo que haga el organismo será nulo. Los 120 días vencen el viernes.

Pero no habrá una nueva ley sancionada para cuando venza el plazo, este lunes. El Senado aprobó un proyecto la semana pasada pero los tiempos no dan para que así lo haga Diputados, donde además el oficialismo no cuenta con los votos, o debe hacer un trabajo mayor para conseguirlos, porque Juntos por el Cambio no apoya la iniciativa aprobada.

La oposición quiere que en el Consejo esté la Corte Suprema y el oficialismo no. De hecho, Juntos presentó su propio proyecto de reforma para que la Magistratura cumpla con el fallo, con 20 miembros y el presidente de la Corte asumiendo la titularidad del organismo.

El fallo del juez entrerriano a medida de lo que pretende el oficialismo K

Sin embargo, tampoco para el viernes el Consejo volverá a su composición de 20 consejeros. A los 13 se deben sumar el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, una jueza y dos abogadas (que ya están porque fueron elegidas la semana pasada) y una representante de las universidades que será elegida el lunes.

Pero faltan dos más. Son un diputado y un senador. La disputa entre oficialismo y oposición es a quien le corresponde. Y ahí no hay acuerdo. Además, el senador Oscar Parrilli -el más cercano a Cristina Kirchner- dijo ayer no los enviarán porque el Consejo debe integrarse por ley. “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura”, dijo ayer Parrilli.

Para complejizar más la situación, ayer el juez federal de Paraná Daniel Alonso dictó una medida precautelar en la que le ordenó a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, y a Sergio Massa, titular de Diputados, que se abstengan de designar a los representantes del Congreso en el Consejo. Fue en una causa que inició el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.

Desde la oposición, Juntos por el Cambio presentará este jueves en el Congreso, el pedido para dos de sus legisladores, sean designados en el principal cuerpo legislativo del país.

Incertidumbre para el lunes próximo

En este panorama la pregunta es ¿qué pasará el lunes? Nadie tiene una respuesta, pero sí muchas especulaciones. Que la Corte no va a permitir que el Consejo deje de funcionar y que la semana que viene se presentará en el organismo y le tomará juramento a los consejeros. Muchos señalan que eso iría en contra del propio fallo del máximo tribunal que estableció que los nuevos consejeros deben asumir “conjunta y simultáneamente”. Para otros eso no obsta a que asuman los que estén designados.

Pero eso implicaría una pelea de frente de la Corte con el gobierno nacional, muy crítico de la justicia en general y del Poder Judicial en general. Ello en un contexto en el que aún siguen abiertas varias causas por corrupción contra Cristina Kirchner y numerosos ex funcionarios y empresarios kirchneristas, como Lázaro Báez y Cristóbal López.

Por lo pronto, el Consejo sesiona en su plenario este miércoles. Es el último plenario de esta etapa y tal vez el último por un tiempo que nadie sabe de cuánto será.

Qué vacantes le interesaban al kirchnerismo en Comodoro Py

Según el portal LPO, el kirchnerismo pretendía aprobar varias ternas de jueces federales, pero tenía especial interés en cinco concursos que son clave para la política. Se trata de los concursos para cubrir tres vacantes en los tribunales federales de Comodoro Py: los del fallecido Claudio Bonadio y los renunciados Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres.

Además, el oficialismo pretendía nombrar a los posibles reemplazantes de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados sin concurso durante el gobierno de Mauricio Macri y que permanecen en sus cargos gracias a un fallo de la Corte. Sólo dejarán sus cargos cuando tengan reemplazantes, algo muy complejo por el reparto de poder en la Magistratura.

Sin los votos para aprobar las ternas, el plenario del Consejo resolvió devolver las ternas Comisión de Labor para que se vuelvan a discutir cuando se despeje cómo quedara conformado el organismo.