BUENOS AIRES. Ricardo Gil Lavedra calificó de “reaccionaria, conservadora y antigua” a la propuesta de reforma judicial que impulsa el oficialismo. Durante un diálogo mantenido con el referente de la UCR en Juntos por el Cambio, José Corral, el exministro de Justicia ahondó en que el proyecto que se debate en el Congreso es “irracional, ineficiente, costoso, poco serio y muy malo”.

De la conversación -mantenida a través de una conferencia online organizada por Sembrar, el espacio de ideas que conduce el dirigente santafesino- participaron especialistas como el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Javier Aga; el expresidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; los diputados nacionales Niky Cantard y Juan Martín -que el martes participaron de la sesión del Congreso-, la presidenta de Fundación Alem, Lilia Puig, y la profesora de Derecho Constitucional, Mariela Uberti, además de intendentes, concejales y dirigentes de toda la provincia.

Según publicó LT10, José Corral destacó la oportunidad para abordar “un tema que ocupa al gobierno de los Fernández y lo desenfoca de otras cuestiones centrales en las que debería estar ocupado, como la pandemia y sus efectos no sólo sobre el sistema sanitario sino también sobre la economía”.

En tanto, para Gil Lavedra, uno de los problemas del proyecto en cuestión es que reproduce el sistema inquisitivo que viene desde el Código Napoleón de 1808. Este sistema no rige en el mundo civilizado, no rige en Latinoamérica, y no rige más en Argentina. Y digo que es reaccionario y anticuado, porque este procedimiento -que es la madre de la crisis que padece Comodoro Py-, “le da al juez facultades que no son del juez. Es un sistema burocrático, cerrado, poco transparente, en el que el juez investiga, y si el juez investiga no es juez, porque tiene intereses contrapuestos y es un sistema que se contradice con la Constitución”.

En ese punto, destacó que “hoy en el mundo occidental rige un modelo más transparente, donde el sistema acusatorio tiene la acción penal a cargo del fiscal y le da mayores facultades a la víctima”.

También cuestionó que “la reforma, en lugar de desconcentrar estos órganos judiciales, los multiplica de un modo caprichoso”. Y resaltó que “además de irracional es ineficiente, y logra un propósito opuesto al que dice buscar, porque le quita secretarías a los juzgados actuales. Por lo que los jueces que tienen causas de corrupción van a tener la mitad del personal, y eso va a traer aparejado demoras, problemas y va a entorpecer las causas de corrupción”, advirtió.

Gil Lavedra también sostuvo que la reforma “afecta además la independencia de los jueces, porque pone jueces interinos (a los que llama subrogantes), y tanto nuestra Corte Suprema como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que el juez interino es precario, con una independencia limitada. Es, en definitiva, un proyecto costoso, poco serio y muy malo”, sentenció.

“Van por la ampliación de la Corte”

El especialista afirmó también que está “convencido que el Gobierno va por una ampliación de los jueces de la Corte, porque en la Corte es donde se define todo”. Y en ese punto, aseguró que “estoy convencido porque la Argentina es un país peculiar, donde una alianza como la que está en el gobierno llega al poder y tiene su parte central conformada por un grupo de actores políticos que tiene una enorme cantidad de causas de corrupción, empezando por la propia vicepresidenta. Es absurdo pensar que no van a tomar ninguna medida para beneficiarse”, argumentó.

Asimismo, lamentó lo ocurrido durante la última sesión de Diputados: “No puede haber democracia sin acuerdo sobre las reglas. Y el desacuerdo en Diputados fue sobre las reglas”. De todas formas, convocó a “hacerle frente al mesianismo, la prepotencia, y tener la mano tendida para el entendimiento: así se superan las disidencias de la democracia”.

El exministro de Justicia de la Nación mencionó recientes encuestas que dan cuenta de que el tema de la reforma judicial “no está en la agenda de la gente. Sólo le importa al Gobierno”, dijo.

Finalmente, aseguró que es un tema en el que se debe trabajar mucho. “La Justicia debe ser más eficiente, debe mejorar la calidad del gasto. Argentina gasta el 1 % de su producto bruto en la Justicia: es un poco más que España, Chile, Uruguay”, graficó. “Pero hay que mejorar la eficiencia, la credibilidad y el acceso de los sectores más desfavorecidos, para que cualquiera pueda acceder a dirimir sus derechos allí”, concluyó.