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El Instituto de Asuntos Indígenas, sin cumplir con sus metas

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Advierten sobre una brecha entre sus objetivos y su capacidad de cumplirlos.

El Instituto de Asuntos Indígenas, sin cumplir con sus metas

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Advierten sobre una brecha entre sus objetivos y su capacidad de cumplirlos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”150296″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La relación con las comunidades aborígenes, una cuestión que se convirtió en una brasa caliente en los últimos meses, viene rezagada por el Gobierno desde hace tiempo. Tanto el kirchnerismo como Cambiemos exhibieron serios déficits para alcanzar los objetivos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el organismo que trabaja en los temas jurídicos y territoriales para evitar la conflictividad.

Así lo deja al desnudo el “tablero de control” del Ministerio de Hacienda, un monitoreo trimestral que evalúa si se cumplen las metas planteadas para cada dependencia del Estado, en relación con el presupuesto asignado.

De acuerdo con los datos que constan en la cartera, a los que accedió LA NACION, para el tercer trimestre de este año, ninguna de las ocho metas del INAI avanzaron de acuerdo con lo planificado. Sin embargo, desde la Secretaría de Derechos Humanos, donde se desempeña el instituto, aseguraron que la planilla que lleva Hacienda está desactualizada y que, en rigor, sólo tres programas quedaron sin cumplir.

Reconocieron, sin embargo, que el instituto arrastra serias falencias: aún no tiene dirección de asuntos jurídicos, ni departamento de administración o un área de auditoría interna, tres pilares claves para agilizar la gestión.

La postergación del asunto indígena no es exclusiva de Cambiemos. Las planillas de Hacienda muestran que durante el kirchnerismo el INAI también estuvo muy lejos de cumplir sus objetivos del área, a pesar de ser una bandera del ex gobierno.

La AGN, en tanto, realizó en marzo de este año un diagnóstico lapidario sobre el tratamiento de la cuestión indígena. “El INAI es un organismo que carece de presupuesto y capacidad institucional para mediar e intervenir en las principales actividades que afectan la vida de las comunidades”, manifestó el organismo de control, al tiempo señaló que “hay una brecha significativa entre el marco legal y su implementación efectiva”.

Dificultades

De acuerdo con los datos provistos por el INAI a LA NACION, correspondientes al tercer trimestre del año, hay tres programas que quedaron en “rojo”.

El primero es la restitución de restos óseos o arqueológicos a pueblos originarios, piezas que a veces se exhiben en los museos y que las comunidades reclaman. “Faltó lograr consenso entre los peticionantes sobre a quién corresponden los restos”, argumentaron desde el INAI en relación con las entregas no realizadas.

Otro ítem débil fue el de generación de proyectos de infraestructura básica para las comunidades, como viviendas o pozos de agua.

El INAI afrontó inconvenientes de “empalme” cuando Mauricio Macri decidió que sea traspasado del Ministerio de Desarrollo Social a Justicia, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj. “Las metas de 2017 se pautaron en el momento del cambio de órbita”, explicaron las fuentes, que señalaron que el instituto “ahora tiene un rol de articulador y no de proveedor de infraestructura”. “Así y todo coordinamos cinco proyectos productivos y se entregaron 20 subsidios”, agregaron.

El tercer programa con incumplimientos fue el que promueve instancias de participación indígena, es decir, espacios de reunión con los líderes de las comunidades. De 20 encuentros sólo se realizaron seis. “Se hicieron menos reuniones por problemas de coordinación entre las distintas comunidades”, explicaron desde el INAI.

El instituto pudo cumplir, en tanto, las metas de relevamiento jurídico y catastral de comunidades indígenas. Se trata de un trabajo regulado por la ley 21.160 y un aspecto clave para evitar conflictos como los de Cushamen (Chubut) o Villa Mascardi (Río Negro).

“Estamos fortaleciendo los equipos para evitar futuros inconvenientes”, señalaron desde la Secretaría de Derechos Humanos y aseguraron que “para Avruj es prioritario el tema indígena”.

El kirchnerismo no cumplió

Aunque el kirchnerismo promovió la ley de tierras indígenas, el INAI tuvo serios incumplimientos. El programa de obras de infraestructura para comunidades (Prodear) sólo se realizó en un 30% en 2015. “No se cuenta con más presupuesto para seguir financiando proyectos” fue el argumento que brindó el Ministerio de Desarrollo, por entonces a cargo de Alicia Kirchner. El crucial relevamiento de las comunidades también fue relegado por la gestión de Cristina Kirchner: en 2015 se censaron sólo 77 de los 120 grupos previstos. ¿El motivo? “Problemas administrativos, presupuestarios y de capacidad técnica”, dijo el ex gobierno. (LA NACIÓN)

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