OSADAS. Una de las primeras voces críticas que se escucharon de parte de funcionarios de Misiones, contra la iniciativa del Servicio Cívico para la formación de jóvenes, fue la de la Ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini. La funcionaria renovadora consideró que la Gendarmería “está para otras cosas” y que este tipo de medidas del gobierno nacional implican “bastardear la memoria de 30 mil desaparecidos”.
Pese a que Marchesini pretende ubicarse en una posición “progresista” y utiliza la medida de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para cuestionar al gobierno nacional, el debate deja expuestas sus incongruencias como ministra de Derechos Humanos: jamás habló de caso de Mario Golemba –el joven desaparecido en Misiones desde 2008- y mucho menos, de la protección política al ex jefe de la policía Rubén Oscar “Carozo” Gabriel, un oscuro personaje vinculado a la represión ilegal durante la Dictadura del periodo 1976-1983.
La ministra de Derechos Humanos habló con la UGD Radio, donde salió a cuestionar la iniciativa de Bullrich, para la formación de jóvenes a través de un Servicio Cívico (voluntario), cargo de la Gendarmería Nacional. Para Marchesini, esta medida es “un acto más de violencia institucional”, al plantear que una fuerza como Gendarmería “se dedique a instaurar valores democráticos, es realmente una aberración y una falta de respeto a la ciudadanía y a los valores de la democracia”.
“No podemos olvidar para nuestra historia argentina y la historia de tantos golpes militares, lo que significan las fuerzas de seguridad. Si bien uno no puede generalizar, sí hay que diferenciar estos tres años de gestión del gobierno nacional que ha instalado la doctrina Chocobar y ha habido muchos ‘Santiagos Maldonados’, que tienen que ver con esta política de seguridad que en realidad promueve la violencia y el asesinato a mansalva”, fustigó Marchesini, quien mostró una vez más que tiene una memoria selectiva y olvida a los represores que formaron parte del anterior gobierno como César Milani o los asesinatos políticos como el de Mariano Ferreyra –ocurrido en 2009, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Según Marchesini, el Servicio Cívico Voluntario que impulsa la ministra Bullrich implica “instalar (una) doctrina supuestamente salvadora en un centro clandestino de detención como es Campo de Mayo; es una forma más de bastardear la memoria de los 30 mil desaparecidos en Argentina y sus familias”.
Desde luego, la ministra intentó mostrarse como una persona preocupada por la memoria y por los desaparecidos, algo acorde al puesto que ocupa, pero es difícil que su posicionamiento sea creíble, si se toma en cuenta que jamás habló de la desaparición de Mario Golemba o del acusado de represor de la Dictadura, “Carozo” Gabriel.
Cabe recordar que siendo ministra de Derechos Humanos, Marchesini no sólo jamás habló del caso Golemba, el joven de 19 años desaparecido en 2008 en una causa con fuertes indicios de apremios ilegales y desaparición forzada con participación de la policía de la zona centro de Misiones. De hecho, Marchesini jamás se reunió con la familia Golemba, que aún reclama, no ya la reaparición con vida, sino al menos, saber qué pasó con el joven.
Por otra parte, la “defensora de la memoria” Marchesini también se mantiene en riguroso “silenzio stampa” respecto del controvertido decreto 897/2005 firmado por el ex gobernador Carlos Rovira –actual presidente de la Legislatura y jefe político de “Tiki”-, que ordenó destruir los archivos de la Jefatura de la Policía de Misiones, que contenían información sobre las fojas de guardia de efectivos policiales durante la Dictadura de 1976-1983.
Esa información comprometía a Rubén “Carozo” Gabriel, como quedó de manifiesto en testimonios de sobrevivientes de la represión que señalaron al ex jefe de la policía del gobierno de Rovira, como uno de los partícipes en los crímenes de lesa-humanidad.
Marchesini, como todos los funcionarios de la Renovación, se llaman al silencio respecto de esta protección política a Gabriel. Paradójicamente, ella se presenta como defensora del respeto a la memoria y los derechos humanos.
En el tramo final de la nota con la UGD Radio, Marchesini continuó derrapando discursivamente, al señalar que este tipo de medidas del gobierno nacional –el Servicio Cívico- se deben al recorte presupuestario en políticas sociales y sanitarias.
De acuerdo con la ministra, la formación de jóvenes la deben llevar a cabo “otras instituciones”, y si se mantuviera una “inversión en política social, en Cultura, en Políticas Sanitarias”, y si se devolvieran “las vacunas gratuitas, los programas de Salud Mental y de Médicos Comunitarios, el estado de los hospitales, la dignidad, el trabajo y los sueños, en vez de crisis y deuda externa, no tendrían que inventar estos programas, que producen indignación porque plantean tareas que no deben ser cumplidas por las fuerzas de seguridad como la Gendarmería, que están para otras cosas. Es un gran absurdo”, remató la ministra, nuevamente, muy selectiva al momento de encontrar responsables en los problemas sociales de Misiones.
Es preciso aclarar que el estado de los Hospitales es responsabilidad del gobierno provincial y en ese marco, hay que recordar que actualmente, hay más de 4 mil trabajadores sanitarios con sueldos de hambre y sujetos a distintas variantes de precarización laboral.
De hecho, los profesionales de Médicos Comunitarios, que estuvieron precarizados desde que ingresaron al programa y durante los años de la “Década Ganada”, en las últimas semanas reclaman a la provincia que mantenga y blanquee a los trabajadores.
Como era de esperarse, Marchesini obvió estos reclamos de profesionales y de trabajadores de la Salud, a los que se muestra totalmente insensible.
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jmm.
