En medio de crecientes reclamos y protestas por los aumentos desproporcionados en las tarifas de energía eléctrica, el abogado Fabián De Sá anunció que presentará una serie de amparos legales para detener estas medidas que están afectando gravemente a los habitantes de Iguazú.
Durante una entrevista con el noticiero de Misionescuatro, De Sá expresó su preocupación por la abrumadora cantidad de reclamos que está recibiendo su estudio legal en relación con los aumentos de tarifas. Según sus declaraciones, el personal del estudio tuvo que dedicar numerosas horas del día para gestionar cada uno de los reclamos, que ya ascienden a alrededor de 600 casos en espera.
“La gente no puede pagar estos montos y no sabe qué hacer”, expresó De Sá, refiriéndose a la situación de los afectados por los incrementos en las facturas de energía. Además, señaló que los cortes de luz son frecuentes y el servicio ofrecido por la empresa de energía local es deficiente.
El abogado también destacó la falta de respuesta por parte de las autoridades locales y provinciales ante esta problemática, y denunció la existencia de “corrupción entre el intendente Claudio Filippa y la empresa EMSA”.
“Todo está dibujado y armado para robarle a la gente”, afirmó De Sá, haciendo hincapié en la falta de transparencia en las políticas tarifarias implementadas por las autoridades.
De acuerdo con el abogado, la vía legal es la única opción viable para buscar una solución a esta situación. Ya han presentado proyectos para prohibir el uso de postes de madera, que representan un riesgo para la seguridad eléctrica de la comunidad, y ahora están preparando recursos de amparo colectivos para solicitar el cese inmediato del aumento de tarifas y la devolución de los montos cobrados indebidamente a los vecinos.
“El aumento es irracional y busca culpar al Gobierno nacional”, enfatizó De Sá, refiriéndose a los intentos de justificar los aumentos en base a la quita de subsidios.
Con estas acciones legales, De Sá y su equipo buscan proteger los derechos de los habitantes de Iguazú y garantizar un acceso justo y equitativo a los servicios básicos de energía eléctrica.
