Economía

Reclamarán ante la Justicia por el aumento discrecional del 6,12%

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El defensor de la Tercera Edad de CABA, Eugenio Semino, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y el previsionalista Adrián Tróccoli, presentarán una ampliación de la demanda colectiva iniciada contra los efectos de la suspensión de la ley de movilidad.

Reclamarán ante la Justicia por el aumento discrecional del 6,12%

BUENOS AIRES. El Gobierno nacional anunció este lunes que las jubilaciones y pensiones subirán en junio un 6,12% y la semana próxima se realizará otra presentación judicial contra esa medida que implica un ajuste feroz sobre el bolsillo de todos los pasivos.

En los primeros días de la semana próxima, tres abogados presentarán una ampliación del reclamo colectivo que se había hecho contra la recomposición otorgada en marzo. La cual había sido definida, al igual que la del sexto mes del año, de manera arbitraria por el Poder Ejecutivo.

Junto con esa presentación los letrados pedirán la habilitación de la feria judicial. Vale decir, que solicitarán para que el tema sea considerado sin que se espere a la finalización del período de restricciones causadas por la cuarentena.

Según La Nación, los tres abogados que patrocinan el amparo colectivo presentado en febrero pasado, confirmaron la presentación contra el nuevo aumento por DNU del Ejecutivo. Ellos son el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y el previsionalista Adrián Tróccoli.

El trasfondo del reclamo judicial

Aquel reclamo judicial se inició contra los efectos que había tenido la suspensión de la movilidad legal en el caso de más de 2 millones de jubilados. A este conjunto de personas, en el tercer mes del año, el gobierno les dio mucho menos de lo que indicaba el cálculo de la ley previsional suspendida por 180 días a fines de 2019.

Ahora, con la suba anunciada para junio, todos los pasivos se ven perjudicados por la decisión oficial. Es que el resultado de la fórmula indicaba que la recomposición de mitad de año debía ser de 10,9%, es decir, de casi 5 puntos porcentuales más respecto de la que efectivamente se otorgará.

Lo que se le pide a la Justicia es que declare la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el Gobierno y se aplique el porcentaje de la fórmula, con efecto para todos los perjudicados.

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