Ocampo destacó que “las personas involucradas en las denuncias aparecen con la liquidación de sueldos con una reducción de los haberes de alrededor del 70%. De cobrar 180 mil pesos, pasaron a cobrar una suma que no llega a los 45 mil pesos”. En palabras contundentes, la abogada afirmó que “claramente se las cambió de lugar y están adscriptas a otro lugar. La situación es insostenible”.

En relación a las razones detrás de las reducciones salariales, Ocampo señaló que “a las chicas se les descontó más del 75% del sueldo”. Subrayó la dificultad adicional que esto impone a las afectadas, ya que “pagan alquileres, estudian y mantienen a sus familias”.

La abogada también resaltó el aspecto económico de la violencia, al explicar que “el sueldo estaba compuesto por tickets alimentarios y se los quitó”. Enfatizó que esto no es coincidencia, sino un intento de ejercer control y disciplina. “Es una violencia de tipo económico y se las quiere disciplinar y aleccionar. Esto no es casualidad”, recalcó.

Ocampo detalló que pese a ser municipal, “cada organismo liquida el sueldo correspondiente”, y agregó que los contratos en cuestión tienen una particularidad: “La renovación dependía del humor del funcionario”.

Ante estas situaciones, la abogada y las mujeres afectadas tomaron medidas. “Estamos trabajando con la asociación y con las chicas para determinar los pasos a seguir”, afirmó Ocampo. Además, se pusieron en contacto con el sindicato de UPCN para resguardar los derechos de las trabajadoras.

Ocampo dejó claro que buscarán respuestas y justicia. “Se va a hacer un reclamo formal ante el funcionario. Si tenemos respuestas o no, accionaremos legalmente”, aseguró. Además, subrayó que el objetivo es cuestionar el accionar del funcionario y del personal jerárquico involucrado, sin cuestionar la gestión ni la institución en su conjunto.

El proceso legal ya está en marcha. “La denuncia está presentada en el Ministerio de Trabajo”, afirmó la abogada, y detalló que tanto el acusado, Alberto Penayo, como el personal jerárquico involucrado, tendrán la oportunidad de presentar sus descargos.

Finalmente, Ocampo enfatizó que las mujeres afectadas desean recuperar sus puestos de trabajo y ser reincorporadas en sus funciones anteriores. Además, resaltó que tienen derecho a buscar una indemnización por los daños y perjuicios que están sufriendo.