BUENOS AIRES. En el sanatorio Otamendi murió Oscar García Rúa de 92 años, el paciente que fue tratado con dióxido de cloro contra el coronavirus por orden del juez federal Javier Pico Terrero.

A raíz de esto, inspectores de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras se presentaron en el consultorio del Dr. Dante Convertí –que prescribió el tratamiento- donde se secuestraron recetas de otros pacientes, medicamentos de administración por vía endovenosa y otros productos para su análisis.

La principal irregularidad detectada es que el consultorio no estaba habilitado y publicitaba sus servicios en una página online que no estaba autorizada por el Ministerio de Salud, además que se presentaba con especialidades médicas no acreditadas debidamente.

Sobre los derechos del paciente, MisionesCuatro habló con el reconocido abogado Rodrigo Bacigalupi quien dio su opinión sobre el caso.

“Cuando se trata del derecho a la salud, la vida y la integridad física, la justicia debe reaccionar de manera pronta y rápida. No hay tiempo para hacer muchas consultas”, dijo el abogado sobre la posible celeridad en la que podría haber actuado el Magistrado.

Bacigalupi contó que, por su experiencia “muchas veces las familias hacen hasta lo imposible” por sus familiares enfermos, incluso, agregó “hay gente que instruye a su familia” para que no lo dejen morir.

En relación al fallo del Juez, el abogado explicó que “es probable que se esté refiriendo a informes o de la propia manifestación del médico que sugiere el tratamiento”. “Si lo hizo por propio argumento, está cometiendo un grave error”, cerró.