[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dirigentes y funcionarios del oficialismo y de la oposición manifestaron hoy posturas enfrentadas respecto del nuevo reglamento sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad frente al delito.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”213737″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El debate, atizado desde ayer por la diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió que afirmó que la normativa “viola los derechos humanos fundamentales”, volvió a tomar fuerza hoy luego del fallo del juez Roberto Gallardo de la ciudad de Buenos Aires en contra del reglamento, al que consideró “inconstitucional e inaplicable” en el ámbito porteño.

En respuesta, el ministro de Justicia Germán Garavano consideró “válida” la opinión de Carrió pero marcó que “en su uso adecuado” la normativa “no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos” ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “indica expresamente que (la norma) sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”.

Respecto del fallo del juez Gallardo, Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Seguridad, cuestionó que sea un magistrado de la ciudad Buenos Aires quien “se meta en un reglamento federal”.
“La verdad que no entiendo”, afirmó Santilli.

“(El juez) dice que es inconstitucional y nosotros estamos cumpliendo una ley”, dijo en diálogo con radio de la Ciudad y agregó que “habría que preguntar por qué un juez de la Ciudad se mete en un reglamento federal declarándolo inconstitucional”.

Seguridad nacional

El secretario de Seguridad nacional, Eugenio Burzaco, apuntó que la norma da “mayor claridad en las circunstancias y situaciones en la que el policía tiene que enfrentar y actuar, de manera que sepa qué tiene que hacer”.

“Hay que salir del debate mano dura-abolicionismo penal e ir a un punto de equilibrio y de razonabilidad para darle herramientas a las fuerzas para actuar, confiar en ellas, como hacen todos los países normales y racionales en el mundo”, opinó Burzaco por radio FM Concepto.

En tanto, la legisladora de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto salió en defensa de Elisa Carrió, al afirmar que ni el espacio político ni su líder especulan políticamente “con temas tan sensibles como la inseguridad y la corrupción”.

Más voces

Desde la oposición, la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer aseguró que la medida adoptada por la cartera de Seguridad significa un “retroceso” en el sistema democrático ya que “la defensa de la vida y la libertad son los valores de la recuperación democrática que Argentina alcanzó hace 35 años con voluntad de nunca volver atrás”.

“Resulta inadmisible cualquier decisión gubernamental que implique un retroceso a costa de dichos valores”, afirmó la abogada desde Twitter y calificó de “graves e ilegítimas” las normas del Poder Ejecutivo “bajo el absurdo pretexto de mayor seguridad”.

Por otra parte, el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez opinó que es potestad del Congreso Nacional y no del Poder Ejecutivo, definir “lo que es punible o no” y agregó que la normativa no precisa en qué situaciones podrían aplicarse.

“Dice, por un lado, que se podrá actuar cuando haya riesgo de fuga, pero también habla de que se puede usar el arma de fuego igual, aunque no se haya cometido un delito grave. No parece un medio razonable, como el que pide el código, a la hora de resguardar la legítima defensa”, apuntó en diálogo con radio Continental.

Y, aclaró que como “el uso de arma de fuego es la última medida ante un caso extremo”, mientras no haya modificaciones “sigue rigiendo el actual Código Penal, donde dice que si se utilizan armas de fuego será la Justicia la que lo analizará, teniendo en cuenta el código y no la resolución”.

Amnistía Internacional

La delegación argentina de Amnistía Internacional pidió revisar la resolución tras señalar, al igual que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que “viola los derechos humanos”.

En un comunicado, Amnistía pidió al gobierno que revise la norma ya que “flexibiliza el contexto en el cual las fuerzas federales de seguridad pueden hacer uso de las armas”.

“La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior”, argumentó en su comunicado el CELS mientras que, en un texto titulado “El gatillo fácil es ley”, la Correpi consideró que el nuevo reglamento “habilita el uso legal del arma de fuego” en situaciones que son “las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”. (TELAM)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]VB[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]