El Gobierno de Argentina avanzó en la aplicación del derecho de admisión a 26 hinchas que fueron detenidos por su participación en los incidentes y destrozos ocurridos durante la marcha de los jubilados, el pasado 13 de marzo. Este grupo de individuos, detenidos por fuerzas federales tras los enfrentamientos en la Plaza del Congreso, se enfrentará a una restricción que les impedirá asistir a cualquier evento deportivo, según confirmaron fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad.
La resolución ya está lista y el oficialismo ha decidido excluir de la medida a dos extranjeros y a dos menores de edad, según pudo saber TN. La decisión llega tras la revisión de cámaras de seguridad y una investigación sobre las vinculaciones de los detenidos con las barras bravas, lo que ha intensificado los esfuerzos por limitar su presencia en actividades deportivas.
El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Patricia Bullrich, aseguró que se ampliará la medida a los detenidos por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quienes fueron liberados tras las detenciones iniciales. En total, 94 manifestantes fueron arrestados en el marco de los incidentes, aunque muchos de ellos ya han sido liberados por orden de la jueza Karina Andrade del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15.
El Gobierno no solo ha aplicado el derecho de admisión, sino que también ha denunciado penalmente a los detenidos por delitos graves como asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional y la democracia. Además, se está cuestionando la decisión judicial que permitió la liberación de varios de los detenidos.
En otro frente, el Ejecutivo ha dirigido sus acusaciones hacia algunos dirigentes sindicales y políticos cercanos a los incidentes, como el dirigente de Chacarita, Leandro Capriotti, quien tiene supuestos vínculos con Luis Barrionuevo. También se han señalado concentraciones previas a la marcha en los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza, bajo la responsabilidad de los intendentes Federico Otermín y Fernando Espinoza, respectivamente.
Por otro lado, la Casa Rosada confirmó que presentará en los próximos días un proyecto de ley en el Congreso para declarar a las barras bravas como organizaciones criminales. Esta iniciativa busca endurecer las penas para aquellos que transporten armas o revendan entradas de protocolo, además de imponer sanciones severas para las autoridades de los clubes que colaboren con las barras. La propuesta apunta a desarticular los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por “trapitos” en las cercanías de los estadios, informó el portal TN.
