Núñez criticó severamente la gestión del bioherbicida, describiéndolo como “un castigo para el productor tabacalero”. Según el diputado, se utilizaron fondos destinados a este propósito en una partida de 511 millones de pesos, lo que ha generado preocupaciones sobre el destino de los recursos y la transparencia del proceso.

“La denuncia tiene el fin de que alguien se haga responsable de esta maniobra,” explicó Núñez. Detalló que el bioherbicida en cuestión es fabricado en Tucumán, enviado a Capital Federal y luego regresado a Misiones, un proceso que él considera una “triangulación sospechosa y sin explicación”.

El legislador provincial cuestionó la transparencia de las compras realizadas, solicitando claridad sobre si hubo licitaciones o si se realizaron compras directas. “Se debe esclarecer las compras y quien autorizó,” insistió, señalando que la situación parece haber beneficiado a una empresa en particular.

Núñez expresó su esperanza de que la Justicia Federal, dada su competencia en casos de delitos federales y la intervención de otras provincias, pueda abordar el caso con mayor rigor. “No conozco ningún juez personalmente, pero allá (en Comodoro Py) tenemos más posibilidades. Es un delito federal,” afirmó.

En su denuncia, Núñez pidió que la Justicia convoque a las personas responsables de la gestión del bioherbicida para que expliquen el manejo de los fondos y las decisiones tomadas. “La justicia va a decir si son culpables o no,” concluyó, subrayando la necesidad de una investigación profunda para esclarecer las posibles irregularidades y garantizar la responsabilidad en el uso de los fondos públicos.