En un fallo reciente, la justicia ha rechazado una medida cautelar presentada por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que demandaba al Estado argentino el pago de 556 millones de pesos. Esta resolución se suma a una serie de decisiones judiciales que han complicado la situación financiera de la institución.

El conflicto legal surgió a partir de un convenio firmado entre la universidad y el Estado, en el cual se establecían ciertos compromisos económicos que, según la universidad, no han sido cumplidos. La institución educativa, conocida por su histórica vinculación con la lucha por los derechos humanos y la memoria de los desaparecidos durante la dictadura militar, argumentó que el incumplimiento de estos pagos pone en riesgo su funcionamiento y continuidad.

Sin embargo, la justicia determinó que la medida cautelar solicitada no tenía fundamentos suficientes para ser aprobada, lo que implica que la universidad deberá continuar su lucha legal por otras vías. Este fallo refleja la complejidad de los conflictos entre entidades privadas y el Estado, y subraya la importancia de contar con sólidos argumentos legales para obtener medidas cautelares.