El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia formal contra la jueza Karina Andrade, quien decidió liberar a los detenidos tras los violentos incidentes ocurridos durante la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional el pasado miércoles. La denuncia fue realizada por Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, quien acusó a la magistrada de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

Según los detalles de la denuncia, Andrade permitió la liberación de personas detenidas en medio de los disturbios, sin tener en cuenta la gravedad de los hechos. La presentación fue realizada a las 07:30 horas del día siguiente, y se argumenta que los hechos cometidos por los detenidos fueron de extrema violencia, organizados por grupos de “barras bravas” de distintos clubes de fútbol como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, entre otros.

El informe detalla que estos grupos, que nada tenían que ver con los jubilados convocados para la marcha, comenzaron a agredir a las fuerzas de seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y de fuego. Además, se menciona que incendiaron objetos en la vía pública, una moto policial y un patrullero, y lesionaron a más de una docena de policías.

La denuncia señala que los agresores llegaron a la movilización armados con palos, fierros, armas blancas y de fuego, y otros elementos destinados a agredir y causar daños. Se destaca que la violencia fue premeditada y organizada, y que los grupos actuaron con el objetivo de generar disturbios y enfrentamientos con la policía, buscando provocar una “represión” que deslegitimara la acción del Gobierno.

Además, el Ministerio de Seguridad señala que, al considerar la gravedad de los delitos cometidos, los cuales incluyen daño, resistencia a la autoridad, lesiones, sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, estos deberían ser tratados por la Justicia Federal, y no por la Justicia de la Ciudad. Por ello, se pidió la “inhibitoria procesal” de la jueza y la intervención de la justicia federal en el caso, informó el portal TN.