Miriam López, dirigente de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), se pronunció sobre el decreto 357 publicado ayer por el Gobernador, que suspende la incorporación de nuevos empleados a la planta permanente del Estado hasta el 31 de diciembre de 2025. En diálogo con los medios, López sostuvo que la medida no les causó sorpresa, ya que un decreto similar había sido emitido el año anterior.

“No nos sorprendió para nada. El año pasado hubo un decreto similar y pese a ello seguimos caminando y participando de las mesas salariales”, explicó la referente sindical, quien recordó que, a pesar de la suspensión del pase a planta, el año pasado hubo avances en este tema.

En cuanto a las excepciones, López destacó que algunos sectores esenciales como salud, educación y fuerzas de seguridad estarán exentos de la medida. “Hay excepciones en salud, educación y fuerzas de seguridad”, afirmó.

Sobre las mesas de negociación, López mostró optimismo en los avances que se puedan lograr. “Estamos esperanzados en las mesas de negociaciones de salud y administración pública central”, comentó.

En cuanto a la precarización laboral, López hizo un balance de la situación en distintas áreas. “Hay sectores donde no tenemos precarización, por ejemplo, en los Saltos y Reducciones Jesuíticas, donde hay pocos precarizados”, dijo. Sin embargo, reconoció que en otros sectores, como el de Desarrollo Social, la situación es preocupante. “Desarrollo Social es el más numeroso, el registro de las personas”, señaló, haciendo alusión a la gran cantidad de trabajadores en situación precaria en ese área.

Respecto a los municipios, López señaló que enfrentan una situación distinta a la de la provincia, con salarios bajos y disparidades significativas entre uno y otro. “Los municipios tienen salarios bajos con diferencias entre uno y otro. Solamente dos de los 79 estarían bien”, indicó. En particular, destacó las dificultades que enfrentan los trabajadores de municipios como Azara y San José, donde algunos empleados ganan apenas 70 mil pesos mensuales.

“Son trabajadores, no ñoquis, personal blanqueado. El piso salarial es muy bajo”, concluyó López, subrayando la necesidad de mejorar las condiciones laborales en todo el sector público.