La reciente suba del impuesto Inmobiliario en Misiones, implementada por la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), ha generado una ola de críticas por parte de empresarios y contribuyentes, especialmente del sector forestal. Algunos reportan incrementos superiores al 1.000%, lo que consideran “astronómico” e injustificado.
El gravamen, que se aplica a propiedades productivas, no había sido actualizado durante años, lo que agrava el impacto de la medida. Empresarios del sector forestal, que poseen grandes extensiones de tierras, aseguran que las nuevas boletas carecen de criterios claros y que los cálculos parecen depender de la “capacidad de pago” percibida por la ATM.
Entre las principales quejas destacan:
- Incrementos desiguales: Terrenos similares reciben boletas con aumentos diferentes.
- Falta de transparencia: Empresarios cuestionan los parámetros utilizados y sospechan que los valores responden más a estimaciones subjetivas que a fórmulas objetivas.
- Impacto en el sector forestal: Las extensas propiedades del sector sufrieron ajustes significativos, afectando su rentabilidad.
La Confederación Económica de Misiones (CEM), en representación de las cámaras empresariales, solicitó a la ATM una prórroga en los vencimientos. En respuesta, el organismo accedió a extender la fecha del primer vencimiento del 17 al 31 de enero.
El impuesto Inmobiliario representa solo el 1% de la recaudación provincial, muy por detrás de Ingresos Brutos (95%) y Sellos (4%). Sin embargo, economistas lo consideran un tributo progresivo que debería gravar más a quienes tienen mayor capacidad económica.
El desafío en Misiones radica en la distribución desordenada de tierras, donde propiedades urbanas conviven con familias de bajos recursos. Este fenómeno dificulta la aplicación de parámetros uniformes sin generar inequidades.
El Gobierno provincial evalúa desde hace tiempo aumentar la recaudación del Inmobiliario como parte de un plan para reducir impuestos regresivos como Ingresos Brutos. No obstante, el marcado contraste socioeconómico entre vecinos en zonas urbanas sigue siendo un obstáculo para implementar cambios significativos.
Mientras tanto, los empresarios exigen reglas claras y equitativas para calcular los tributos, al tiempo que instan a considerar los efectos de estas medidas en la economía productiva de la provincia.
