En un contexto de creciente preocupación por la falta de ajuste entre los índices de inflación y las cuotas alimentarias, Nadia Gibaja, especialista en derecho de familia, expresó su preocupación por la desconexión que existe entre los valores establecidos por la justicia y las necesidades reales de los menores. Según explicó, el INDEC publica periódicamente el índice de crianza, que detalla cuánto se necesita para criar a un niño, desglosado por franjas etarias, y es tomado por la justicia para determinar las cuotas alimentarias.

Sin embargo, la abogada lamentó que, a pesar de estos datos, las cuotas alimentarias no se ajusten a la realidad económica. “Una canasta de crianza arranca en 390 mil y hasta 500 mil pesos, y estamos viendo que las cuotas alimentarias no llegan ni a la mitad de la canasta alimentaria por menor de edad”, comentó Gibaja, señalando una discrepancia alarmante entre lo que se necesita y lo que se está estableciendo como cuota alimentaria.

Esta situación, según Gibaja, tiene como raíz la informalidad laboral, lo que dificulta la capacidad de los padres, especialmente los que no están en relación de dependencia formal, para cumplir con las cuotas alimentarias. “Se debe a la informalidad laboral que existe. Las mujeres siguen al cuidado del 70% del hogar y, lamentablemente, las cuotas alimentarias no responden a las necesidades del menor”, explicó.

Además, la abogada destacó una tendencia preocupante de deslegitimación de las luchas por los derechos de los niños y la equidad en los procesos judiciales. “Se viene deslegitimando estas luchas desde lo discursivo, como si no fuera un tema importante”, indicó, señalando que el sistema judicial muchas veces no considera correctamente las realidades económicas de los hogares.

Gibaja también sugirió que los códigos procedimentales provinciales podrían modificar sus normativas para incorporar el índice de crianza de forma obligatoria en las determinaciones judiciales. “Los códigos procedimentales provinciales podrían incluir y tomar en cuenta el índice de crianza de forma obligatoria, ya que esto ayudaría a que las cuotas alimentarias se ajusten mejor a las necesidades de los menores”, subrayó.

Por otro lado, la abogada mencionó que muchas veces se encuentran con casos en los que se les prohíbe a las madres viajar con sus hijos fuera del país, mientras que algunos padres, a pesar de tener niveles de vida elevados, muestran poco dinero blanqueado en su salario. “Hay gente con niveles de vida elevados y poco dinero blanqueado”, señaló, aludiendo a la brecha existente entre las realidades económicas de los progenitores.

Finalmente, Gibaja concluyó que, en muchos casos, las cuotas alimentarias se fijan de manera arbitraria o en base al salario mínimo vital y móvil, sin tomar en cuenta los verdaderos costos de crianza de un menor. “Más o menos se fija por el salario mínimo vital y móvil, lo cual está lejos de reflejar lo que realmente necesita un niño para su desarrollo”, expresó con preocupación.