El abogado cuestiona la imposición de prisión preventiva para todos los acusados, señalando que “la prisión preventiva es una excepción y no debe ser la regla”. Grinhauz argumenta que su cliente, Ramón Amarilla, se presentó de manera espontánea para ser detenido, lo que, según él, demuestra que no hay peligrosidad de fuga ni riesgo de entorpecer la investigación.

En su apelación, Grinhauz expone “punto a punto” lo que considera un agravio a la Constitución. Resalta que los teléfonos celulares de los acusados están secuestrados y que la evidencia presentada incluye una supuesta conversación de WhatsApp, sobre la cual el abogado sostiene que “en el ámbito de la privacidad, muchas veces se dicen barbaridades”.

“Si una mera denuncia da origen a todo esto, estamos en una zona de peligro en cuanto a las libertades constitucionales”, advierte Grinhauz. Asegura que Amarilla no participa de la conversación cuestionada y que no se presentaron pruebas concretas de amenazas hacia alguien.

El abogado enfatiza que la imputación de coacción agravada, junto con la acusación de organizar un acto sedicioso, carece de fundamento. “En Derecho Penal, para imputar a alguien, debo tener pruebas que encuadren la acción en la figura penal”, afirma. Además, añade que “todos los delitos son excarcelables, salvo que se pueda profugar”.

Con la posibilidad de apelar hasta la Corte Suprema, Grinhauz se muestra decidido a demostrar la inocencia de su cliente y cuestiona la lógica detrás de la prisión preventiva en este caso, dado que “en el supuesto caso de que la confabulación sea demostrada, la pena sería de un año y medio, apenas”.