
El concejal de Oberá, Aníbal Ramírez, presentó la nueva ordenanza que regula los servicios de taxis y remises, luego de varias reuniones con los dueños de empresas locales. La medida tiene como objetivo adaptar la normativa a las nuevas formas de transporte, como las plataformas de ridesharing (alternativa al transporte tradicional), y se basa en la libre competencia del mercado para fijar los costos del servicio.
“En Oberá estaba regulado solamente los remises y taxis”, explicó Ramírez, quien señaló que la aparición de plataformas como Uber ha generado una competencia desleal hacia los taxistas y remiseros que ya están regulados y tienen que cumplir con una serie de requisitos y reglamentaciones. La nueva ordenanza surgió tras la presentación de tres proyectos, incluido uno del PRO, y luego de varias reuniones con los sectores involucrados, que llevaron a la aprobación final de la iniciativa del bloque renovador, con aportes del PRO y de los propios transportistas.
Uno de los cambios más importantes de la nueva regulación es que los servicios de transporte dejarán de ser considerados públicos, pasando a ser privados, lo que significa una reducción de la intervención municipal en los costos y la gestión. “Se avanzó en que estos medios de transporte dejen de ser públicos, se quita la intervención al municipio y pasa a ser privado”, indicó Ramírez.
Además, la ordenanza establece un límite máximo de antigüedad de 15 años para los vehículos que prestan estos servicios, sin posibilidad de renovación una vez cumplido ese plazo. “El tope máximo de antigüedad de los vehículos será de 15 años, sin posibilidad de renovación”, explicó el concejal.
Respecto a las plataformas de ridesharing, como Uber, que ya operan en la ciudad, Ramírez señaló que, aunque estas empresas llevan más de un año ofreciendo servicios, aún no existe una regulación específica para ellas. “Uber está hace más de un año, habría que regularlo”, apuntó, dejando claro que la nueva ordenanza también tiene la intención de abordar este tema y brindar un marco legal adecuado para su funcionamiento.