Pastori se mostró en contra de la nueva tasa establecida por el Ministerio de Gobierno de Misiones, que a partir del 1° de enero de 2025 comenzó a aplicarse en todos los trámites realizados en dependencias policiales de la provincia. Esta nueva tasa, de $1.500 por trámite, se cobrará por servicios como la certificación de firmas, constancia de residencia, declaraciones juradas, entre otros.

Según Pastori, la medida es inconstitucional, ya que no fue aprobada por la Cámara de Diputados como lo exige la Constitución. El ex diputado recordó que, en materia tributaria, el principio de legalidad es fundamental: “No hay tributo sin ley”, explicó, resaltando que el cobro de impuestos o tasas debe surgir por medio de una ley sancionada en el ámbito legislativo, y no por una resolución administrativa.

Además, el contador público agregó que la creación de esta tasa pone a la Policía de Misiones en la posición de un “ente recaudador”. Esto, para él, representa un cambio significativo en la función de la fuerza de seguridad, que históricamente no ha tenido esa responsabilidad. A pesar de que el monto por trámite no es elevado, Pastori alertó sobre el impacto que tendrá en los sectores más vulnerables de la sociedad misionera, quienes a menudo recurren a la policía para realizar trámites simples debido a los costos de otros servicios, como el de un escribano.

“Ahora, además de los impuestos que ya pagamos, tendremos que abonar por cada trámite que realicemos en la policía. Esto no solo es un problema económico, sino que es una violación del principio de legalidad”, sostuvo el exdiputado.

Pastori también señaló que la medida refleja una actitud del gobierno provincial que, según él, actúa con “impunidad”, sin tener en cuenta las consecuencias para los ciudadanos y sin pasar por el proceso legislativo necesario. En ese sentido, afirmó que los misioneros ya enfrentan una carga tributaria elevada, que incluye altas alícuotas de ingresos brutos y regímenes de retención, y que la nueva tasa solo agregará más presión económica.

La creación de este tributo sin la aprobación legislativa es una clara violación a las garantías constitucionales y podría marcar un precedente peligroso en la provincia.