Alejandro Arrieta, detenido en la Unidad Penal de Loreto, fue trasladado al Hospital Madariaga tras ser internado por cuestiones de salud. Había iniciado junto a sus compañeros una huelga de hambre por falta de respuestas de la justicia. El hombre ingresó al centro médico esposado, y la familia no fue notificada acerca de su situación hasta que fue llevado a realizarse estudios de laboratorio.

En un contexto de creciente preocupación por las condiciones de reclusión, los familiares de Arrieta y los demás detenidos acusados de sedición, expresaron su angustia mediante un comunicado en redes sociales. Según relatan, al momento de visitar la unidad penal, se encontraron con una situación alarmante. La madre de Arrieta, quien acudió al hospital con la esperanza de verlo, no pudo acceder al consultorio.

El comunicado detalla que, durante su visita a la unidad de Loreto, los familiares fueron testigos de las represalias que, según denuncian, fueron ordenadas por la directora general. Relatan que los detenidos fueron enviados a una celda de contención conocida como “la Pelada”, sin sus pertenencias personales ni elementos básicos de higiene. En un clima de incertidumbre, también mencionan que uno de los detenidos fue llevado de urgencia al hospital de San Ignacio en dos ocasiones debido a presión arterial elevada, fiebre y desmayos.

Los familiares aseguran que la información proporcionada por el servicio social de la unidad penal fue errónea, ya que les aseguraron que los detenidos se encontraban en buen estado de salud y que no se aplicarían represalias. Sin embargo, los horarios de visita fueron restringidos a solo una hora, y las condiciones en las que se encuentran los reclusos son descritas como inhumanas. Los colchones, según el relato de los familiares, son retirados a las 6 de la mañana y devueltos a las 11 de la noche, mientras que la celda en la que permanecen mide solo 1,50 por 2,50 metros.

Como respuesta a las condiciones que están viviendo, los detenidos han decidido iniciar una huelga de hambre, exigiendo respuestas a lo que califican como una situación injusta y un trato indigno. Los familiares subrayan que, además de las difíciles condiciones de detención, los detenidos enfrentan la separación de sus hogares y familias, sin pago por sus servicios y sin esclarecimiento de su situación judicial.

La denuncia ha cobrado fuerza tras viralizarse en las redes sociales. Cabe aclarar que por el momento no hubo respuesta oficial a las denuncias de los familiares.