El Gobierno nacional está preparando un conjunto de medidas destinadas a acelerar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales, y en ese marco, prepara cambios en el título V de la Ley de Migraciones (25.871). La Casa Rosada acusa a la Justicia de “trabar los procesos de deportación” y asegura que implementará un nuevo régimen para que los inmigrantes ilegales sean expulsados con mayor rapidez.
La reforma que se estudia está centrada en modificar los artículos 60 a 73 de la Ley de Migraciones, que regulan la legalidad e ilegalidad de la permanencia de extranjeros en Argentina, así como los procedimientos de expulsión. Según las autoridades, la Dirección Nacional de Migraciones es la encargada de aplicar las sanciones, pero la intervención judicial, en algunos casos, está demorando la ejecución de las expulsiones.
El Gobierno, a través de un vocero presidencial, expresó que buscarán un nuevo esquema para agilizar la salida de inmigrantes ilegales del país. La principal queja radica en que la justicia “traba los procesos”, complicando la ejecución de la deportación de aquellos extranjeros que no cumplen con los requisitos legales para permanecer en el país. El Ejecutivo también destacó que, en casos de ilegalidad, los inmigrantes serán deportados con una prohibición de reingreso permanente o por un periodo superior a cinco años.
El artículo 37 de la Ley de Migraciones establece que cualquier extranjero que ingrese al país por un lugar no habilitado o eludiendo controles migratorios estará sujeto a expulsión. Sin embargo, la ley también prevé que ciertos inmigrantes puedan solicitar la suspensión de la expulsión si tienen hijos, cónyuges o padres argentinos. La Dirección Nacional de Migraciones es responsable de verificar estos vínculos en un plazo de 48 horas hábiles.
En cuanto a los proyectos legislativos, el Gobierno ya trabaja en una reforma migratoria más amplia, que podría enviarse al Congreso en las próximas semanas. En este sentido, se evalúa también la posibilidad de realizar algunas modificaciones por medio de un decreto reglamentario, que no irían en contra de la ley actual. Según fuentes oficiales, el texto de la reforma ya pasó por las oficinas del Ministerio de Justicia, y el Gobierno busca que sea un proyecto más restrictivo en términos de concesión de residencias y ciudadanías.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma está relacionado con los inmigrantes ilegales que tienen hijos en Argentina y luego logran regularizar su situación. La Casa Rosada busca restringir este proceso, especialmente en lo que respecta a los descendientes de inmigrantes ilegales que obtienen la residencia tras el nacimiento de sus hijos, como ocurrió con el programa de regularización Patria Grande en 2007, informó el portal TN.
