En la última audiencia pública sobre el transporte urbano, Néstor Alfonso, presidente de la comisión vecinal de la chacra 153, expuso los reclamos de los usuarios respecto a la readecuación de tarifas en Posadas, Garupá y Candelaria. Los participantes, incluyendo representantes de la UTA, el municipio, la defensoría del pueblo y los usuarios, discutieron la falta de información sobre paros, cambios en los recorridos y la calidad del servicio.

“Lo que los usuarios reclamamos es la falta de información por parte de las empresas porque no sabemos cuando hay paro, cuando hay cambios de recorridos. En el mes de diciembre nos levantamos con la sorpresa de paros por 48 horas y eso modifica la vida de los posadeños porque tenemos nuestros horarios y los chicos están terminando las clases”, comentó Alfonso.

Los vecinos expresaron su malestar por la falta de comunicación sobre alteraciones en los horarios y recorridos, como los paros de diciembre que sorprendieron a los usuarios y alteran sus rutinas, especialmente a los estudiantes que estaban terminando sus clases. “También destacamos que se hacen modificaciones en los recorridos, horarios, en las líneas de colectivos y no se le informa a la gente, es un factor muy relevante a la hora de diagramar nuestra rutina diaria porque no tenemos información”, añadió.

Además, señalaron que el servicio no cumple con los tiempos establecidos, especialmente en zonas alejadas del centro. “Si bien hay una franja horaria establecida por el municipio que varía entre 20 y 30 minutos, la realidad es que los colectivos tardan entre 40 minutos y una hora, sobre todo en las zonas más alejadas del centro”, destacó Alfonso.

Alfonso también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el servicio antes de hablar de aumentos tarifarios. “Nosotros siempre solicitamos un servicio eficaz y eficiente, si se va a hablar de un aumento de tarifa que primero se hable de una mejora en el transporte, tanto en el horario y el recorrido como en el estado de las unidades, porque las ordenanzas establecen que los micros no deben tener más de 10 años de antigüedad y hoy vemos colectivos de la línea 31 o 32 que datan de más de 20 años”, explicó.

Los usuarios también exigieron que en las audiencias públicas esté presente el gobierno provincial, ya que el municipio eleva las quejas pero es el gobierno provincial el que debe tomar medidas. “También planteamos que haya un representante de SUSA, que es el que maneja el boleto electrónico, porque en septiembre tuvimos una actualización de la aplicación que llevó a que durante 10 días no funcione correctamente”, añadió Alfonso.

Por su parte, la empresa presentó una tarifa técnica cercana a los $3.600-$3.800, pero los vecinos cuestionaron la veracidad de los números. “La empresa planteó una tarifa técnica que ronda entre los $3.600 y $3.800, basándose en los costos, en los sueldos y lo que conlleva mantener el servicio, pero justamente lo que planteamos es que el representante de la empresa presentó las planillas pero sin ningún aval técnico y sus números no son verosímiles si contrastamos con los datos oficiales. Por ejemplo, ellos hablan de un aumento de sueldo del 100% y si miramos los datos, la realidad es que no aumentaron más del 58%”, concluyó Alfonso.