En Misiones, la Ley VIII – 103, sancionada el año pasado, que prohíbe el uso del glifosato, se ha convertido en el epicentro de un creciente conflicto entre el gobierno provincial y los productores locales. Lejos de ser una simple regulación, la ley ha desatado lo que muchos agricultores sienten como una guerra declarada contra ellos por parte de sus propios representantes gubernamentales.

La prohibición del glifosato, sin un reemplazo efectivo y aprobado por SENASA, va a dejar a los productores sin herramientas esenciales para controlar las plagas y enfermedades que afectan sus cultivos. Este cambio abrupto y unilateral ha provocado que muchos en el sector agrícola se pregunten si el gobierno realmente comprende o se preocupa por las realidades del campo.

La falta de diálogo previo a la aprobación de la ley ha sido un punto de particular frustración. “Nos han convertido en una isla donde es imposible producir”, expresa con desaliento un productor local, reflejando un sentimiento generalizado de abandono y desconsideración. Las reunión de productores solicitando la derogación e la ley han sido multitudinaria, pero el gobierno parece haberse plantado en su posición, ignorando las voces de quienes más entienden y dependen del trabajo en la chacra.

Este tipo de legislación, lejos de ser vista como una medida progresista, es percibida por muchos como un paso atrás. Productores advierten que, con esta prohibición, Misiones podría retroceder 40 años, afectando no solo la eficiencia agrícola sino también toda la cadena económica y alimentaria de la provincia.

La situación actual plantea preguntas serias sobre el futuro de la agricultura en Misiones. ¿Está el gobierno realmente interesado en el bienestar de sus productores o está más concentrado en políticas de alto perfil que ignoran las consecuencias prácticas? La falta de diálogo y el aparente desinterés gubernamental no solo exasperan a los productores, sino que siembran dudas sobre la capacidad del gobierno para liderar la provincia hacia un futuro próspero y sostenible.

Además, en el corazón del conflicto, emerge una sospecha creciente entre los productores: la posible existencia de negociados detrás de los bioinsumos propuestos como alternativa al glifosato. La imposición de estos productos no aprobados por SENASA, sin una demostración clara de su eficacia, alimenta la percepción de que hay intereses ocultos que no están siendo revelados. Entre muchas de las declaraciones que hicieron ruido, se destacan las que sos tienen que el gobierno “va a usar como cobayos de laboratorio a los productores”.  Esta falta de diálogo y transparencia por parte del gobierno no hace sino intensificar las dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la legislación.

Pareciera que el gobierno provincial se ha dejado seducir por las etiquetas de “start-up” y “bio”, olvidando que los verdaderos pilares de la provincia son los productores, quienes con su trabajo diario sostienen y son el motor económico de Misiones. Este descuido no solo pone en riesgo la sostenibilidad agrícola de la región, sino que también demuestra una desconexión alarmante entre las autoridades y las realidades del campo. Si Misiones quiere realmente avanzar hacia un futuro sostenible, es imperativo reevaluar estas políticas y reconectar con aquellos que, día a día, cultivan la tierra y alimentan a la provincia.