Continúa el debate sobre el proyecto integral contra la violencia institucional
Se realizará esta mañana la cuarta reunión que apunta a terminar con la violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Contará con la participación de expertos en la materia.
BUENOS AIRES. Con el objetivo de “prevenir y erradicar” la violencia institucional de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, este miércoles un plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados se reunirá para continuar con el debate del proyecto integral que aborda este tema.
Esta es la cuarta reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, la cual preside Paula Penacca (Frente de Todos), y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), que se realizará a partir de las 11, y contará con la presencia de expertos en la materia.
Este proyecto que apunta a eliminar la violencia institucional fue presentado en diciembre pasado por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.
De esta manera, con dicha iniciativa se establece pautas de acción frente a las denuncias con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Al mismo tiempo, el proyecto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de derechos humanos para las fuerzas de seguridad.
Además, la iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Cabe señalar que violencia institucional es “todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas”.
Mientras que se considera víctima de violencia institucional a “toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias”, según señala el texto del proyecto.
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