Educación: renunció la Junta Electoral acusada de fraude
Dimitieron los miembros de la Junta acusada de permitir fraude. El Fute también denunció que Marilú Leverberg cobra más de 20 mil pesos por horas de clases que no dicta.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]La dimisión de los integrantes de la Juntas Electoral, que fiscalizaron las elecciones de vocales del Consejo General de Educación y Junta de Clasificación y Disciplina, fue dada a conocer este viernes. Ya reemplazaron a los miembros de la Junta acusada de permitir fraude. El Fute también denunció a Leverberg por “ñoqui”.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1494020127570-8c709125-4a85-8″ include=”103948,103946″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La dimisión de los integrantes de la Junta Electoral, que fiscalizaron las elecciones de vocales del Consejo General de Educación y Junta de Clasificación y Disciplina, fue dada a conocer este viernes.
El apartamiento de los miembros de la Junta acusada de permitir fraude, llega en momentos en que avanza la denuncia por las irregularidades en los comicios del 29 de noviembre. Ya hay una causa conexa por defraudación al Estado con el Fonid en Misiones, recibida en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, en Comodoro Py.
“La Educación terminó siendo una caja de empleo del poder político”, dijo el docente Carlos Lezcano en diálogo con Misiones Cuatro. El ex candidato a vocal por el Fute agregó: “hay mucha gente pintada, tanto en el Ministerio de Educación como en el Consejo”.
Lezcano señaló que se detectó gente que votó dos y tres veces en diferentes mesas, sino también en el padrón había personas que nunca ejercieron como docentes y cobraban sueldos de “ñoqui”.
Además expresó que la secretaria de la Udpm, Marilú Leverberg cobra más de 20 mil pesos por horas de clases que no dicta en una escuela privada de la ciudad de Oberá, que recibe aportes estatales para su funcionamiento.
El Fute denunció un fraude y además lo elevó a los tribunales federales de Comodoro Py por estafa con fondos públicos, al detectarse el pago de sueldos con el Fondo de Incentivo Docente, proveniente del Ministerio de Educación de la Nación.
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