Al igual que ocurrió en octubre 2020, cuando vencía el primer plazo de congelamiento, el gobierno deberá definir en estas semanas si vuelve a extender el decreto 320/20 o si pone fin a la medida de emergencia por la pandemia de coronavirus que sirvió para aliviar el bolsillo de los inquilinos y evitar desalojos.
En este marco, la Federación de Inquilinos Nacional solicitó este lunes al gobierno una nueva extensión. En una carta dirigida al presidente Alberto Fernández; al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la entidad recordó que restan sólo 25 días para el vencimiento del plazo y que el problema comprende a alrededor de 9 millones de personas.
La misiva solicita que “extiendan cuanto antes el decreto 320, tal y como nos fuera prometido por el ministro de Hábitat en reunión celebrada el 30 de noviembre pasado”. Y advierte sobre “la angustia que padecen quienes no saben qué pasará con sus viviendas cuando, dentro de un mes, venza la vigencia de dicho DNU”.
La novedad es que la carta está firmada por el referente del MTE Juan Grabois, el camionero Pablo Moyano y el diputado del Frente de Todos por la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. También adhirió el titular de Suteba, Roberto Baradel, el aceitero Daniel Yofra, el referente de La Poderosa Nacho Levy y el líder del sindicato de metrodelegados, Roberto Pianelli, entre otros.
Según trascendió, esta semana habrá reunión en la sede de la cartera que conduce Ferraresi para evaluar si se prorroga la medida o no. El presidente de la federación, Gervasio Muñoz, manifestó el pedido de que el decreto 320/20 se extienda hasta fines de marzo y puso como argumento “las consecuencias económicas de la pandemia que provocaron la reducción drástica de nuestros ingresos, sin que los precios de la vivienda disminuyeran”.
Según la federación, la mitad del ingreso total de los hogares se destina sólo a pagar el alquiler y “en estas condiciones, el decreto firmado por el Presidente de la Nación a fines de marzo y renovado en septiembre es una herramienta básica para evitar una catástrofe habitacional”.
El decreto 320 establece que las deudas desde la fecha de entrada en vigencia de la medida y hasta el 30 de septiembre de 2020 por falta de pago, pagos fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales, deberán abonarse entre tres y seis cuotas iguales y consecutivas. Los inquilinos buscan llevarlas a 12 cuotas, es decir hasta el 31 de marzo.
“Es urgente que el 25% de los hogares que viven bajo techo rentado reciban el año que comienza con la esperanza y la seguridad de no ser desalojados o hacinados en viviendas familiares”, concluyó.
