BUENOS AIRES. En menos de 24 horas el Gobierno nacional decidió marcha atrás con la autorización a las empresas de medicina prepaga para que incrementen el valor de los planes un 7% a partir de febrero próximo.
Según informó el portal Infobae, mediante un Suplemento del Boletín Oficial publicado a las 16 horas del último día del año, el ministro de salud de la Nación, Ginés González García firmó la Resolución 2988/2020. En el primero de sus artículos, esta resolución señala que se deja “sin efecto la Resolución N° 2987 de fecha 30 de diciembre de 2020 del Ministerio de Salud”.
Es decir, el ministro González García deja sin efecto una resolución que él mismo había firmado, autorizando a las prepagas a subir sus cuotas hasta un 7%, a partir de Febrero del 2021. Esa resolución, ahora desestimada, también está publicada en el Boletín Oficial de este jueves.
En los considerandos de la norma que frena los aumentos se hace referencia a que se tomó “por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación”, Alberto Fernández. Asimismo, la resolución 2988/20 no expresa cuándo se podría volver a autorizar un incremento a las prepagas.
Lo que decía la resolución autorizando el incremento
La norma que quedó sin efecto, establecía que se autorizaba a todas las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) “un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que ha sido aprobado para el mes de diciembre de 2020 mediante la Resolución Nº 1787/20, de hasta un SIETE POR CIENTO (7%) a partir del 1º de febrero de 2021”.
La decisión de dejar sin efecto el aumento, cayó muy mal entre los prestadores de salud privados. El sector esperaba concretar el incremento, señalando que los valores están desfasados. Sobre todo, tomando en cuenta el incremento de los insumos médicos, que están dolarizados.
Cabe recordar que, esta semana, clínicas y sanatorios de todo el país reprogramaron estudios ambulatorios, como forma de protesta por el atraso en los aranceles. Las prepagas son algunos de los entes que pagan los aranceles a los sanatorios, clínicas e institutos de salud.
