Docentes del Sindicato de Educadores Misioneros “Alfredo Bravo” (Semab-CEA) analizaron una nueva reglamentación que pretenden implementar en las escuelas secundarias técnicas de Misiones desde la Subsecretaría de Educación Técnica y Dirección del Nivel. Concluyeron que se trata de una normativa que incrementa el riesgo de precarización en el trabajo escolar y privatiza responsabilidades que le corresponden al Estado.
La Secretaria General del Semab, Mariana Lescaffette, precisó que “este modelo es una precarización laboral que infringe el Estatuto Docente”, según señala un comunicado difundido por el gremio.
Agregó que “se trata de una flexibilización en desmedro de la educación del alumnado y del derecho de los profesores”.
En ese sentido, Lescaffette presentó un documento para realizar aportes a la calidad educativa misionera. El escrito está dirigido al Coordinador de la Mesa de Enseñanza Técnica Profesional del Consejo General de Educación, el profesor Gilson Berger y fue presentado de manera formal en las oficinas del CGE durante esta semana.
En su misiva, la organización gremial pidió que sean revisados los objetivos y alcances del nuevo reglamento, teniendo en cuenta que existen normas vigentes como el Estatuto Docente o la Ley 26.058, que deben ser respetadas al momento de resolver cuestiones relacionadas a las mismas.
También pidió que la regulación incluya puntos establecidos en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo relativo a las situaciones de Violencia y Acoso Laboral, ya que el mismo tiene jerarquía supralegal inherente a los Tratados Internacionales.
Asimismo, se solicitó que sean incluidos otros artículos que establecen la antigüedad y la base de los concursos de cargos, buscando garantizar así la transparencia de las jerarquías docentes.
Por otro lado, se advirtió que varios puntos del reglamento analizado deslindan la responsabilidad del Estado provincial, para dar lugar a empresas contratadas o “terceros” no especificados, a los cuales se les permitirá realizar trabajos de mantenimiento, ampliaciones y mejoras de los edificios escolares.
Según esta regulación, los terceros también podrán solicitar a las escuelas que realicen “trabajos de encargo” en sus instalaciones.
La norma cuestionada también dice que las empresas podrán proporcionar materiales para que los colegios hagan trabajos que luego serán cobrados por la institución.
En esta acción, el Semab consideró que se revela una clara intención de que la escuela genere suministros, sin tener en cuenta que el Estado es el proveedor ya designado con el objetivo de favorecer que las estrategias institucionales se concentren en la obtención de mejoras pedagógicas.
Otro punto controvertido, es que se solicita el permanente perfeccionamiento profesional técnico-docente sin implicar al Estado como garante de esas capacitaciones.
Al mismo tiempo se eliminan los Programas de Pasantías de los alumnos y los reemplazan con Trabajos de aplicación, Trabajos por encargo y Trabajos de reparación, instalación, ampliación y mejoras a ser realizados dentro de cada institución, sin la posibilidad de establecer acuerdos con empresas, organizaciones e instituciones tendientes a concretar las prácticas profesionalizantes y/o capacitación en servicio.
“Esto afecta gravemente la real percepción del mundo laboral por parte de los estudiantes así como sus posibilidades de inserción en el mismo”, afirmó Lescaffette.