En la Argentina sería necesario destinar hasta el 8% del PBI para garantizar el derecho a la educación de toda población, afirmaron los especialistas de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Los especialistas- que participaron en un foro internacional en Chile – destacaron la importancia de avanzar en reformas tributarias progresivas que permitan aumentar la inversión en esta materia.
Las organizaciones y redes sociales de América Latina y El Caribe demandaron “justicia fiscal para garantizar el derecho humano a la educación”.
Asimismo, subrayaron que actualmente la Argentina, al igual que otros países de la región evaluados, como Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, no cumple con el compromiso de asignar el 6% de su PBI a inversión educativa.
En el foro, los expositores coincidieron en que tanto la Argentina como Colombia, al ser naciones que se encuentran afectadas por “profundas desigualdades”, necesitarían invertir el 8% del PBI para “contar con las ofertas educativas, la infraestructura escolar, la conectividad, las becas para quienes lo requieran y los equipos docentes” indispensables para garantizar el derecho a la educación para todas las personas.
Según datos del Banco Mundial, el PBI de la Argentina en 2022 ascendió a 632,77 mil millones de dólares, por lo que el 8% sería de US$ 50.621,6 millones.
