Un total de 44 detenidos, órdenes de arresto contra otras 6 personas, una punzante intriga acerca de los responsables ideológicos, una interna gubernamental no del todo zanjada y dudas sobre las futuras elecciones y el plan de reforma constitucional, es lo quedó visible después del magnicidio del entonces presidente de Haití, Jovenel Moise, un hecho del que se cumple un mes este sábado.

Los 12 balazos que Moise recibió en su residencia de Puerto Príncipe también le abrieron los ojos a la región sobre un punto en el que nunca, o casi nunca, había puesto la mirada con atención: el rol de Colombia como país exportador de mercenarios, ya probado en otras zonas del mundo, inclusive, generó algún roce entre ambos países, porque Bogotá se quejó del trato que reciben sus connacionales detenidos y de la falta de asistencia legal para ellos.

El asesinato en sí encierra una maraña de nacionalidades: el comando estaba integrado por una veintena de colombianos, reunidos por una empresa de seguridad de Estados Unidos que dirige un venezolano, financiado por otra firma de EEUU propiedad de un ecuatoriano y la mayoría de las reuniones de organización fueron en República Dominicana.

Hasta el momento, están arrestados 18 exmilitares colombianos, dos estadounidenses de origen haitiano, y varios ex policías –algunos por participación directa y otros por incumplimiento de sus deberes-, un médico y pastor y un exfuncionario judicial, y se busca a un exsenador, a una exjueza y otros varios civiles de roles aún no del todo claros.