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Panamá: iglesias se desligan de escándalo de abusos en albergues

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El escándalo le costó el cargo al fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, quien anunció su “renuncia irrevocable”.

Panamá: iglesias se desligan de escándalo de abusos en albergues

Autoridades de las iglesias católica y evangélica de Panamá rechazaron este jueves (25.02.2021) los abusos a niñas y niños en albergues supervisados por el Estado tras verse envueltas en el escándalo a raíz de denuncias de que “religiosos” embarazaron a adolescentes y les obligaban a abortar.

Ambas comunidades -cada una por su lado- pidieron al Gobierno esclarecer los hechos y dar mayor protección a las víctimas de estos abusos, de lo que hasta el momento se desconoce si hay avances en las investigaciones o si hay medidas para amparar a las niñas y niños.

“Como iglesia, reiteramos nuestra tolerancia cero ante estos actos abominables, y nos unimos a las voces que exigen sancionar con rigor a los responsables”, resalta un comunicado de la Iglesia Católica de Panamá. Así, la comunidad católica señala que es consciente de que hay “personas con intenciones malsanas que se infiltran en los lugares donde la niñez es vulnerable”, por ello como nación se debe “propiciar a la reingeniería que haga posibles instituciones que garanticen mecanismos más estrictos”.

En concreto, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, se reunió este jueves con encargados de albergues católicos para reflexionar sobre la situación actual. “Queremos que se lleguen hasta las últimas consecuencias de esta investigación”, sentenció Ulloa.

Por su parte, la iglesia evangélica se desligó de “todo tipo de delito sexual o de cualquier índole que se haya cometido”, declaró el pastor Orlando Quintero del Ministerio de la Unción de Panamá. Quintero pidió, en nombre de la comunidad evangélica, que se hiciera público la identidad de esos “pastores” que cometieron los abusos, así como de los “empresarios y políticos” vinculados.

La Fiscalía ya inició una investigación de oficio el pasado 12 de febrero. Según adelantó a la prensa extranjera, el Ministerio Público investigará los 54 albergues de todo el país que están bajo responsabilidad estatal. Sin embargo, el escándalo también le ha costado el cargo al fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, quien ayer anunció su “renuncia irrevocable”.

Los hechos han provocado una ola de indignación social desde hace semanas con manifestaciones en todo el país para exigir justicia y mostrar su repudio ante lo sucedido, y aumentaron tras las escuetas declaraciones del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien pidió el máximo castigo para los responsables.

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