[vc_row][vc_column][vc_column_text]“Muchas personas van a tener que elegir entre pagar tarifas o alquiler”, afirmó el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”194815″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, se refirió a la crisis económica que afecta a la población al participar del taller “Derechos de los Inquilinos” que se desarrolló en la Casa de la Cultura de Lanús.
Pidió que la Provincia avance en la sanción de una normativa que proteja a los locatarios y alertó que, al analizar los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, surge que se redujo significativamente en el último año el porcentaje de la población que es propietaria de la vivienda y del terreno en el que habitan. La disminución equivale a 548 mil hombres y mujeres.
El taller, que contó con la participación del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y del Ombudsman de Lanús, Alejandro Gorrini, fue llevado adelante por la directora de Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Cecilia Gómez Miranda.
Gente sin casa propia
Durante la apertura, Martello destacó que en el último año se sumaron 482 mil inquilinos y se registró un aumento (unas 219 mil personas) de los ocupantes que no tienen título de propiedad ni contrato que avale la permanencia del lugar donde viven. En ese contexto, afirmó que “distintos informes en los que estamos trabajamos dan cuenta que los hogares destinan el 45% de sus ingresos, en promedio, para pagar el alquiler. A su vez, el impacto de los tarifazos está llevando a que haya familias que tienen que optar entre pagar el alquiler o las boletas de luz, agua y gas”.
“Al complejo panorama se les suman las complicadas trabas para poder acceder a créditos hipotecarios, producto de las altísimas tasas de interés. A su vez, los bancos exigen a las familias tener ingresos registrados por más de 75 mil pesos para poder calificar, lo que condiciona el derecho a la vivienda”, explicó Martello.
El Defensor del Pueblo Adjunto concluyó que “resulta urgente que se sancionen, a nivel nacional y provincial, leyes que protejan a los inquilinos ante los abusos que se suelen cometer en el mercado inmobiliario, como son las exorbitantes comisiones y honorarios que se le imponen a los locatorios”.
En ese sentido, Martello se mostró preocupado ante la posibilidad de que el proyecto que regula los contratos y los precios de los alquileres, que actualmente tiene media sanción y está siendo debatido en el congreso nacional, pierda estado parlamentario. Actualmente, en la Legislatura bonaerense, se están discutiendo distintos proyectos del oficialismo y de la oposición que van en esa dirección.
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