Nacionales

El Gobierno acelera el debate por una Ley Penal Juvenil

cargando anuncio

Convocaron a un grupo de especialistas en minoridad y criminalidad, y propusieron ocho ejes para lograr un proyecto de consenso. Organizaciones de Derechos Humanos y la Iglesia Católica se mostraron contrarias a la baja en la edad de imputabilidad.

El Gobierno acelera el debate por una Ley Penal Juvenil

CAPITAL FEDERAL. El Gobierno aceleró el debate para la reforma del sistema penal juvenil. En la primera semana del año la administración de Mauricio Macri decidió instalar la discusión sobre una nueva ley que incluirá entre otros una baja en la edad de imputabilidad que, según la ley actual, se fija en los 14 años. El oficialismo decidió empujar un debate álgido antes de que se imponga en la campaña. Con esa finalidad, el Gobierno convocó a 80 participantes, entre legisladores de la oposición y representantes de ONG, a una reunión en el piso 11 del ministerio de Justicia. Además del anfitrión, el ministro del área Germán Germán Garavano, asistió su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los funcionarios del Ejecutivo propusieron la discusión de ocho ejes, que se analizarán desde febrero para elaborar un proyecto de consenso. Se trata de 1. Abordaje temprano; 2. Medidas alternativas a la privación de la libertad 3. Delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del niño; 4. Condiciones de detención que fomenten la reinserción; 5. Sistema de articulación permanente intersectorial; 6. Programa Preventivo no Judicial; 7. Sistema de Información y la número 8 y más candente: la edad de imputabilidad, que en el Gobierno imaginan cerca de los 14 años para los delitos graves.

Esa discusión genera fisuras entre los dos aliados que más preocupan al Gobierno de cara a los comicios: Margarita Stolbizer y Sergio Massa. La jefa del GEN no escapó a la polémica. “Con Massa tenemos una diferencia sobre la baja de la edad de imputabilidad, aunque coincidimos en la necesidad de que se discuta un régimen penal juvenil. Nuestras diferencias son menores que las internas en el Gobierno”, señaló la diputada nacional.

Stolbizer no se equivoca. En el Gabinete hay posturas encontradas. Garavano dejó en claro su posición durante la conferencia de prensa posterior a la reunión. El ministro de Justicia quiere que la ley se discuta en el Congreso después de las elecciones para evitar que el proselitismo dañe la calidad del debate.

La ministra de Seguridad, en cambio, dentro de la reunión dejó en claro que pretende que el debate empiece con el año legislativo. “No nos parece bien que en los años electorales no podamos discutir nada”, dijeron funcionarios del área. El Presidente, que ayer mantuvo una reunión de seguimiento con Garavano, por ahora no hizo saber su postura.

En el ministerio de Justicia quieren que la discusión sobre la edad de imputabilidad sea la última para no obstaculizar el debate integral del nuevo régimen. Si no hay consensos, imaginan el envío de proyectos diferentes para que sea el Congreso el que defina.

El massismo que participó de la reunión con el legislador provincial Ramiro Gutiérrez y la diputada Mónica Litza, quienes señalaron la necesidad de anticipar la discusión. “Es tiempo de convocar a (sesiones) extraordinarias y que se discuta en el Congreso el proyecto en febrero”, señalaron. También le reclamaron al ministro que incluyera entre los antecedentes la reforma impulsada por Massa en 2013.

Más allá de las diferencias Garavano y Bullrich coincidieron en enfatizar la necesidad de un nuevo régimen penal juvenil. “Es una deuda que tenemos con la democracia, porque la actual y vigente es una ley de Videla, de la dictadura”, sostuvo el ministro. El oficialismo todavía no tiene un proyecto propio. Sin embargo, de manera simultánea al debate convocado, una comisión de especialistas elaborará un proyecto.

De la reunión participaron también la diputada Gabriela Burgos (UCR) los senadores del FPV Pedro Guastavino y Rodolfo Urtubey; ministros provinciales, jueces, fiscales y representantes de Unicef que manifestaron su rechazo a la baja de la edad de imputabilidad.

En tanto que el rechazo a la baja de la edad de imputabilidad llegó desde sectores tan dispares como la Iglesia Católica y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Ambos sectores, casi en las antípodas en términos ideológicos, coinciden en que no debe bajar la edad de imputabilidad a menores que delinquen.

(Fuente: Clarín)

Comentarios