Chigal señaló que el marco normativo que regula el cultivo de cannabis fue siempre precario, dependiendo en gran medida de decretos reglamentarios que, en algunos casos, quedaron sin efecto. En sus palabras, “tenemos una ley que no regula sobre el cultivo, decidimos regularlo a partir de un decreto reglamentario que quedó sin efecto”.

La inestabilidad normativa llevó a que los cultivadores vivan en constante preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de sus actividades. A pesar de ello, Chigal expresó su optimismo al afirmar que, al haberse establecido un sistema con cierta duración y con personas autorizadas a cultivar en sus hogares con fines medicinales, es improbable que se revierta la autorización. En la actualidad, alrededor de 200 mil personas cuentan con la autorización para cultivar, mayormente debido a padecimientos que requieren tratamientos con cannabis.

Este sistema, según Chigal, no genera costos para el Estado, ya que simplemente implica otorgar una autorización. Sin embargo, surge la preocupación ante la proximidad del vencimiento de los permisos provisionales, que tienen una validez de 12 meses. La incertidumbre persiste sobre si se renovarán estas autorizaciones y qué cambios normativos podrían afectar a los cultivadores.

Chigal destacó que la ley de drogas en Argentina establece que ciertas conductas relacionadas con el cannabis son criminalizadas a menos que se cuente con la debida autorización. Subrayó que no poseer esta autorización constituye un delito, y agregó que en la práctica se estableció que, si una persona tiene una autorización vencida y está tramitando una nueva, la antigua puede servir como respaldo para acreditar el consumo medicinal.