Ayer lunes, la Sociedad Rural Argentina (SRA), en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María, presentó ante la justicia federal de Córdoba una acción de amparo por la falta de sustento legal en el impuesto a las retenciones.
El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro del impuesto con posterioridad al 1º de enero de 2022.
Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas, debido a que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación. En el mismo se prorrogaba por dos años las facultades mencionadas.
La presentación judicial se realizó luego que las entidades agropecuarias mencionadas exhortaran al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, para que resuelva la problemática, ya que se advierte que no hay un sustento reglamentario para que se proceda al cobro del impuesto.
Además, reclamaron que se legisle al respecto y se de previsibilidad y medidas de largo plazo, algo que el sector viene reclamando desde hace tiempo.
De esta manera, el campo disputará en la Justicia con el Gobierno el futuro de un impuesto que el año pasado le significó al Estado ingresos por USD 10.128 millones, que representa el 8,8% del total de los ingresos tributarios nacionales y equivale al 2,1% del PBI.
Además, estimaciones de la Rural señalaron que solamente las actividades agroindustriales aportaron en 2021 unos USD 9.666, de los cuales las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada aportaron USD 9.104 millones, la carne vacuna USD 251 millones, las economías regionales USD 225 millones y los lácteos USD 86 millones.
Las retenciones desalientan la producción
Ahora bien, al momento de fundamentar por qué el campo reclama desde hace tiempo la eliminación de las retenciones, desde la SRA sostienen que las mismas “generan una dinámica negativa para toda la economía y por lo tanto necesitamos contar con un horizonte concreto para su eliminación”.
También señalan que las retenciones son distorsivas porque disminuyen el precio interno del productor, y por lo tanto sus posibilidades de capitalización, uso y aplicación tecnológica y modernización.
A su vez, indican que desalientan la producción, distorsionan la competencia, al generar una subvención sin poder discriminar al beneficiario; distorsionan el federalismo y tienen un fuerte impacto frente a la situación de pérdidas extraordinarias.
Al momento de reclamar medidas para construir una nueva política agropecuaria, el campo siempre contempla la necesidad de que para aumentar la inversión se necesitan políticas, que no afectan el normal funcionamiento de los precios de mercado.
