En forma unánime, organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con el virus reclaman la “urgente” media sanción al proyecto de “respuesta integral al VIH” que aspira a reemplazar la vieja ley de 1990, porque “no hay más tiempo”.

Es que el 17% de las 136 mil personas que conviven con el virus en Argentina desconocen el diagnóstico y cada año se registran más de 1.300 muertes relacionadas con el VIH.

Pero además, los años de medicalización producen un “envejecimiento prematuro”, mientras que “la discriminación histórica” obstaculiza derechos básicos, como el empleo.

“La ley actual (23.798) tiene un enfoque totalmente biomédico, mientras que el nuevo proyecto tiene perspectiva de género y derechos humanos”, dijo a Télam el periodista y activista VIH+ Lucas Fauno Gutiérrez. “La de 1990 era una ley de emergencia de vida, mientras que la que proponemos es una ley de calidad de vida, de acceso a los derechos que nos corresponden”, agregó.

En una sesión conjunta, el pasado 25 de noviembre las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Acción Social y Salud Pública aprobaron un dictamen que unificó sendos proyectos de las diputadas oficialistas María Masín y Ana Gaillard.

Las organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con VIH que trabajaron en este iniciativa esperan que pueda ser tratada antes de fin de año para que no pierda estado parlamentario como ya pasó en 2016 y 2018.

El proyecto hace hincapié en la erradicación de las prácticas discriminatorias, el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos, la participación activa de las personas VIH+ en el diseño y aplicación de políticas, y la reparación a quienes vienen afrontando hace décadas las consecuencias de la discriminación y la falta de respuestas del Estado.

“La ley actual es efectiva -porque garantiza acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento-, pero quedó desactualizada porque con herramientas biomédicas no se puede responder de manera integral a una pandemia que tiene un componente de salud física pero también social”, dijo a Télam Matías Muñoz, presidente de la Asociación Ciclo Positivo y coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn, consideró que “la 23.798 es una muy buena ley que envejeció bien pero hoy conocemos mucho más sobre importancia de la respuesta integral al VIH” y esos conocimientos deben ser incorporados, sostuvieron.

“Hay cuestiones para actualizar desde el marco normativo, como dejar más claramente establecido el derecho de acceso a las últimas tecnologías disponibles tanto en prevención como en cuidado y tratamiento, o prohibir específicamente la realización de la prueba en exámenes preocupacionales u otras relaciones contractuales como la obtención seguros de vida o créditos bancarios”, agregó.

El proyecto de ley nacional de respuesta integral no está solo referido al VIH, sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.

Por otro lado, la iniciativa destina todo un capítulo a “las mujeres y personas con capacidad de gestar”, consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto “favoreciendo el derecho al parto vía vaginal”), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.

En ese sentido, establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben “tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres”.

“Siempre estuvimos relegadas, porque se pensaba que VIH solo era una infección para hombres que tenían sexo con otros hombres o personas trans y no se tenía en cuenta a las mujeres cisgénero, con todo lo que significa “, dijo a Télam Gachy Awad de ICW Argentina. En ese sentido, apuntó que “el estigma, la discriminación y las violencias” afectan de manera especial a las mujeres, en particular dentro de los centros de la salud y el mercado laboral.

“Todavía en la Argentina siguen habiendo ligaduras de trompas no consentidas y en los centros de salud nos sugieren abortar porque ‘el bebé puede ser enfermo'”, dijo.

Además, “el mayor impacto de discriminación hacia las mujeres en los servicios de salud” redunda en “diagnósticos tardíos” o discontinuidad de los tratamientos porque “quizás viven a 50 cuadras del hospital y no tienen para el transporte o quien les cuide les hijes”. En cuanto a los derechos laborales, Awad se puso como ejemplo a sí misma, que hace 15 años le pidieron que renuncie al cargo administrativo en una escuela secundaria, “y desde entonces nadie me da trabajo”

Un estudio realizado en Argentina, y difundido este martes por la Iniciativa Spotlight y la Comunidad de Mujeres con VIH (ICW), reveló que al 20% de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH; y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de “no tener hijos” por parte de personal de salud.