En estos días, la calle se convirtió una vez más en el escenario de una causa noble: la defensa de la universidad pública. Una marcha que, en su esencia, busca preservar el carácter inclusivo y equitativo de nuestro sistema educativo superior. Sin embargo, esta manifestación legítima de preocupación por el futuro de la educación en nuestro país se ve empañada por la sombra del oportunismo político.
Es imposible ignorar la ironía de ver a ciertos políticos —que hasta hace muy poco votaban aumentos de sus propios sueldos sin titubear— ahora caminando hombro a hombro con estudiantes y docentes en lo que pretenden mostrar como un acto de solidaridad. Pero no nos dejemos engañar: para algunos de ellos, esta marcha no es más que otra oportunidad para llenarse los bolsillos de capital político, intentando convertir un movimiento genuino de la sociedad en un espectáculo para sus propias campañas.
“Da quorum para el presupuesto, sorete!”, fue el grito de un colectivero que pasaba por la avenida Rivadavia justo mientras De Loredo hablaba ante la prensa. El episodio -propio de una escena cinematográfica- dio vueltas en redes sociales y dejó en claro que el pueblo los está mirando bien de cerca. La presencia en la marcha pero la ausencia en la sesión para discutir el aumento de presupuesto para las universidades nos llevan a cuestionar su compromiso. Pareciera que su interés no radica tanto en el bienestar de la educación pública, sino en mantenerse como protagonistas de una narrativa que les es útil. Al no presentarse para dar quorum, han dejado en claro que, para ellos, los fines educativos son solo medios para obtener visibilidad y notoriedad.
Este comportamiento no solo es decepcionante, sino que también es revelador. Revela una falta de alineación entre lo que estos políticos predican y lo que realmente practican. La universidad pública no necesita salvadores oportunistas, necesita verdaderos defensores que estén dispuestos a luchar por su fortalecimiento más allá de las cámaras y las elecciones. La marcha por la universidad pública es válida y necesaria, pero debe ser purificada de las intenciones ocultas de aquellos que buscan beneficiarse de ella. Es hora de que los estudiantes y la comunidad educativa tomen las riendas de sus propios destinos y reclamen esta causa como suya, alejándose de las garras de los que ven en la educación pública un trampolín para sus ambiciones personales.
La lucha por la universidad pública debe ser despojada de todo interés político personal y centrarse en lo que realmente importa: garantizar que continúe siendo un pilar de oportunidad y progreso para todos los argentinos. Solo así, podremos asegurar que nuestra educación superior sea verdaderamente por y para el pueblo, y no solo otra herramienta en el juego político.
