El pasado miércoles se realizó una nueva edición del Censo poblacional en la República Argentina, que estaba previsto para el año 2020 pero por razones relacionadas a la pandemia fue pospuesto.

Si bien las autoridades nacionales y provinciales lo destacaron como una jornada sin inconvenientes y con buena participación, la verdad demuestra que se destacó también la incongruencia, el absurdo y las curiosidades.

En primer lugar, muchas personas manifestaron que no fueron censadas. Lo más curioso de esto es que la distribución de los censitas permitía, por ejemplo, que varios de ellos pasen por una misma cuadra, pero solamente el que tenía en planilla podía censar determinado domicilio.

A raíz de esto y que gran cantidad de personas manifestaron su enojo, el Indec habilitó puntos en cada provincia para “denunciar” y acercarse personalmente hasta allí para realizar su censo en caso de que no hayan pasado por su domicilio, haciendo a la población facilitarle el trabajo al estado que, de por sí fracasó ampliamente.

El punto culmine de este absurdo, es que no les alcanzó con clausurar negocios y obligar a un país entero a encerrarse en sus casas durante un día entero en un país donde muchos si no trabajan un día no comen, sino que con gran alegría extendieron una semana más el censo, tanto de manera presencial como online, siendo la mayor tomada de pelo de todo esto.

¿Qué podemos esperar de estos resultados?

Cuando en 1869 Sarmiento mandó a realizar el primer censo poblacional, el objetivo de saber cuántos habitantes residen en nuestro país, era establecer un modelo de país con políticas públicas dirigidas a resolver los problemas de en aquel entonces, los 1.830.000 de argentinos.

Al día de hoy el censo no ha cumplido el objetivo de servir como base para la construcción de políticas públicas. Desde 2010 (fecha del último censo) a esta parte hemos pasado de un 28% a 46% de pobres, del 7% a un 9% en índice de desempleados y tenemos un sistema educativo en el que solamente 3 de cada 10 chicos terminan el secundario.

Una vez procesados los datos se evidenciará notoriamente un aumento poblacional con respecto al censo del 2010, donde las estimaciones van de una población nacional de 47MM (Indec) a 50MM para algunas consultoras.

Esto permitirá al poder de turno, tanto nacional o provincial, ampliar la burocracia y el estado ya de por sí gigantesco, con la excusa del estado presente y la necesidad de un estado a la altura de “las necesidades de la gente”.

De los apuntados, el congreso y las legislaturas provinciales son los principales elegidos para esta fiesta de ampliación del gasto, donde pueden aumentar el número de sus legisladores ya que están amparados por las distintas constituciones.

A grandes rasgos, la Cámara de Diputados debería pasar a tener un número de aproximadamente 350 diputados, mientras que en la mayoría de las legislaturas debería incrementar el número en promedio de 5 a 11 legisladores provinciales.

Ya en 2018, la Cámara Nacional Electoral se había manifestado al respecto a través de un fallo por un amparo presentado por el legislador provincial Aurelio García Elorrio. En aquel fallo la justicia electoral, advertía a la Cámara de Diputados “extremar los recaudos para cumplir con lo establecido en la Constitución. Cuando más exacta sea la relación entre la población de la República y el número de sus diputados, más fielmente se respetará el sabio plan de organización del Poder Legislativo adoptado por la Constitución Argentina”.

En este sentido, tanto el Partido de los Trabajadores Socialistas, como el interbloque Cambiemos, habían presentado proyectos de reformar la conformación del Congreso, pasando a 328 o a 290 respectivamente.

En aquel entonces el jefe del Bloque Pro, Nicolás Massot había manifestado que el “Fallo de la CNE va en consonancia con el mandato constitucional” y que “la adecuación del número de representantes está orientado al buen funcionamiento de un cuerpo que quiere representar al pueblo”.

Ya han empezado las gestiones, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, para reclamar reformar la composición de la Cámara de Diputados y en especial la asignación de fondos a las provincias.

Solamente podemos esperar a que en unos meses cuando estén los resultados definitivos del Censo, la política se comprometa a con resolver los problemas estructurales que tiene nuestro país, y que sin dudas arrojarán datos alarmantes, y que no por el contrario nos lleven al descenso, concentrándose en acrecentar la casta política y al gigante viviente que llamamos estado.

*Bryan Villaba. Apoderado UCEDE Misiones