[vc_row][vc_column][vc_column_text]La incidencia de los delitos vinculados con drogas en la población carcelaria femenina es casi cuatro veces superior que la población masculina que está tras las rejas o en prisión domiciliaria: 34% contra 9%.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”183242″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense Walter Martello describió la cuestión de género y adicciones. “Encontramos que, de las 726 mujeres que estaban detenidas en las cárceles federales en diciembre del 2015, 444 fueron acusadas por infracciones a la Ley 23.737, es decir, el 61,2% de la población total femenina”, destacó Martello.
Esta tendencia también se registra en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires: la infracción a la ley de estupefacientes es el principal delito que lleva al encarcelamiento de mujeres (34% de la causas), seguida por el “robo agravado por uso de armas” (18%) y el homicidio (8%).
A su vez, la incidencia de los delitos vinculados con drogas en la población carcelaria femenina es casi cuatro veces superior que la población masculina que está tras las rejas o en prisión domiciliaria: 34% contra 9%. Además, el número registrado en 2017 de mujeres encarceladas por este tipo de delitos fue 16% superior respecto a 2016.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”183243″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]“Es indispensable que las adicciones se trate exclusivamente como un tema de salud pública y se activen todos los dispositivos institucionales que existen, los cuales en muchos casos fueron creados por ley”,explicó Martello. Y puso como ejemplo la ley nacional n° 26586, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas.
La ley 26586 contempla:
· Capacitar al personal docente y no docente de cada institución escolar.
· Complementar esta tarea con la difusión de medidas preventivas, que ayuden a orientar comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la revisión crítica de actitudes dentro del propio sistema educativo
· Promover la vinculación con distintos sectores e instituciones, con el propósito de sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente en la prevención
· Crear un Consejo Consultivo, de carácter federal, en el que se encuentren representados la sociedad civil, credos, centros académicos y expertos de reconocida trayectoria y experiencia en la materia.
El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que un nuevo marco normativo también debería contemplar otras propuestas que se debaten en la Legislatura como la realización de un relevamiento anual que incluya información fehaciente, y actualizada, sobre el consumo y la comercialización de drogas ilegales en territorio bonaerense.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”183245″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Presas por delitos de drogas de bajo nivel a un ritmo alarmante
Desde Washington Office on Latin America (WOLA), abordaron la cuestión de mujeres encarceladas por delitos de drogas junto al Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en colaboración con la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) y Corporación Humanas.
En la página web de WOLA destacan que las organizaciones patrocinadoras han convocado un grupo de trabajo de oficiales gubernamentales, abogados/as e investigadores/as sobre temas de mujeres y políticas de drogas para promover las políticas que protegen los derechos de este grupo vulnerable y acabar con la criminalización injusta de personas que han cometido crímenes no violentos relacionados con drogas.
En ese sentido, la organización expresa que “las mujeres de las Américas están siendo encarceladas por delitos menores relacionados con las drogas a un ritmo alarmante. En Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica, más del 60 por ciento de la población carcelaria femenina de cada país está encarcelada por delitos relacionados con drogas. La población carcelaria total en América Latina ha crecido también, aumentando un 300 por ciento en Colombia en los últimos 25 años. Las políticas que han llevado a este aumento de la prisión han destrozado familias y perjudicado la posibilidad de que las mujeres puedan encontrar un empleo decente y legal una vez que terminan su condena y son puestas en libertad, lo que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, desesperación y el encarcelamiento”.
WOLA agrega que el encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. Muchas de ellas tienen poca o ninguna educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de dependientes niños/as, jóvenes y ancianos/as. A pesar de que llevan la peor parte de las políticas injustas y excesivamente represivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Muchas han sido detenidas por la distribución o transporte de drogas a pequeña escala como una manera de sobrevivir a la pobreza o, en algunos casos, como resultado de la coacción de una pareja o familiar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tweetmeme][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_facebook type=”button_count”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]vb[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
