BUENOS AIRES. Luego de que los movimientos sociales asociados al oficialismo anunciaran un “plan de lucha” y una jornada de protesta el próximo miércoles por la inminente baja de unos 200 mil planes sociales, el presidente Alberto Fernández intercedió para destrabar el conflicto y revisar la decisión oficial.
En horas de la tarde de este viernes, junto con la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, el jefe de Estado se reunió en la Casa Rosada el secretario de Economía Popular y líder del Movimiento Evita con Emilio Pérsico, para descomprimir el conflicto. Ello en medio de cortes y piquetes en todo el país y una máxima tensión en Puente Pueyrredón.
La reunión entre Pérsico, Tolosa Paz y Alberto tuvo lugar después de que los movimientos aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizaron a Puente Pueyrredón y anunciaron movilizaciones, cortes y asambleas a la vera de las rutas para el próximo miércoles, medida que ahora quedó en duda.
Según el diario citado, fuentes de la Rosada confirmaron la intervención directa del Presidente Alberto Fernández, para dar marcha atrás con la medida anunciada por la ministra Tolosa Paz, de discontinuar el pago de los planes Potenciar Trabajo, en los que se habrían detectado incompatibilidades, como la tenencia de propiedades o la compra de dólares por parte de los beneficiarios.
Así, este lunes, el gobierno abonará los planes a los cerca de 1.300.000 titulares que tiene el Potenciar Trabajo. Con esto ganará tiempo así para hacer un cruce de datos más exhaustivo, con el fin de determinar fehacientemente si hubo irregularidades y a cuantos beneficiarios involucran. Cabe destacar que el principal responsable político de hipotéticas irregularidades en la concesión de los Potenciar Trabajo, es el propio Emilio Pérsico.
Según el diario nacional, el conflicto recrudeció en las últimas horas porque la ministra de Desarrollo Social ordenó hacer un cruce de información para dar de baja planes Potenciar Trabajo presuntamente irregulares, aplicando criterios amplios. Esto habría derivado en la poda de unos 200.000 planes a partir de este mes, según las estimaciones de la UTEP.
La ministra había ordenado identificar a los beneficiarios de planes que surgieron de un informe de la AFIP que preside el ultrakirchnerista Carlos Castagneto. Según ese informe, habría personas que cobran el plan social para desempleados, pero poseen un vehículo con una antigüedad menor a 10 años o que accedieron al mercado de cambios, entre otros puntos.
Pero, además, Tolosa Paz sumó otros criterios, lo que enfureció a las organizaciones sociales. Por ejemplo, solicitó detectar a beneficiarios del Potenciar Trabajo que percibieron ingresos superiores a dos salarios mínimos en promedio en los últimos seis meses. Y también a los que poseen “cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público”. La ministra pretendía que se actualicen las bases de datos y se den de baja de inmediato, los planes sociales con incompatibilidades.
En la UTEP hay quienes consideran que la movilización prevista para el miércoles se dará de baja. Pero las organizaciones más combativas quieren sostener las medidas de fuerza. Entre otros puntos, porque rechazan el intento del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner de desacoplar los planes sociales del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) Saben que, si los planes no suben cada vez que aumenta el SMVM, van a quedar muy retrasados respecto del costo de vida. Y perderán valor nominal y relativo, por lo que podrían ser suprimidos por completo –en la medida en que queden muy lejos de la Canasta de Pobreza o la Canasta de Indigencia.
Ahora, el entrecruzamiento de datos se hará a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys). Para los movimientos sociales la filtración de la auditoría de la AFIP y su judicialización surgió por el “fuego amigo”, es decir, por sectores del kirchnerismo y La Cámpora, para estigmatizarlos y generar un consenso social para la supresión de los Potenciar Trabajo.
