BUENOS AIRES. Como pretendía el kirchnerismo duro, el Gobierno cedió por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración de la denominada Hidrovía Paraná –Paraguay, la vía navegable de 3.500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino, que estaba en manos de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.

Así se oficializó este jueves a través de un decreto firmado por Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Los funcionarios ya habían estampado su firma días atrás y esperaban que el proyecto tuviera luz verde del Presidente.

De acuerdo con La Nación, en paralelo a ese decreto, se prepara otro, que estaría algo más demorado, y que establece la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país. Estará bajo la órbita del Ministerio de Transporte.

Una iniciativa impulsada por el kirchnerismo duro

Ambos decretos están “bendecidos” por el kirchnerismo duro, referenciado en el senador y ex canciller Jorge Taiana y la diputada Fernanda Vallejos. Esta última, desde hace meses reclamando por la recuperación de la “soberanía” de la vía Paraná – Paraguay.

Sin embargo, el paso que dio el Gobierno no cumple aún con el deseo máximo de este sector K: la estatización de esta y todas las vías navegables y puertos del país.

En los considerandos del decreto 427/2021 se esconde una clave: quién será, al menos después del año de concesión provisoria, el ente a cargo del peaje de las embarcaciones que transitan por la Hidrovía.

Será la AGP, conducida en los hechos por el santacruceño José Beni, de perfil técnico y asiduo expositor en el Instituto Patria. O bien, el ente descentralizado a cargo del Ministerio de Transporte, poblado de funcionarios ligados al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Por 12 meses tendrá un control estatal y comienza a funcionar el cobro del canon por parte del Estado para pagarle a las concesionarias las tareas realizadas”, había anticipado Guerrera a radio El Destape.

La puja por la Hidrovía

La discusión por el control de la Hidrovía se renovó a principios de año, cuando Taiana envió un pedido de informes el entonces ministro de Transporte, Mario Meoni, en el que se resumía su postura y la de distintos referentes en favor de revocarle la licencia a Jan de Nul, encargada del dragado del Paraná desde tiempos del menemismo, una concesión renovada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Tanto Meoni como su sucesor Guerrera resistieron de modo diplomático la idea de una re-estatización, con un argumento central: el Estado no puede “improvisar”. Ni hacerse cargo de la compleja tarea del dragado permanente del río. Esto es porque no posee ni la maquinaria ni los conocimientos necesarios para hacerlo de inmediato.

Para ganar tiempo, y en el intermedio entre el fallecimiento de Meoni y la asunción de Guerrera, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis firmó una extensión de la concesión a Jan de Nul por 90 días. Esta venció el miércoles 30.

Licitación y ¿desembarco de capitales chinos?

“Se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros. Con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades”, dijo días atrás el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

Con esto anticipó que Puertos tomaría el control provisorio y haría el llamado a una “licitación corta”. Aunque en “mientras tanto” podrá recontratar a Jan de Nul para que las tareas de dragado del Paraná no se detengan. Estas tareas son indispensables para el sector exportador. Y para la economía del país.

Desde la oposición arriesgan que el desplazamiento de la empresa belga podría ser el prólogo del desembarco futuro de capitales chinos.