BUENOS AIRES. En el marco del juicio oral por la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2004 – 2015), este lunes presentaron su alegato la defensa de la actual Vicepresidente, quien solicitó la absolución.

La ronda de alegatos comenzó este lunes, con duras críticas a la acusación formulada por el fiscal Diego Luciani, por parte del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. Según publicó La Nación, el defensor buscó refutar los cargos contra la Vicepresidente con pruebas que, a su criterio, fueron ignoradas o mal interpretadas por la fiscalía. Habló de un “deliberado ocultamiento” y hasta de “mala praxis”.

Semanas atrás, más precisamente el 22 de Agosto, Luciani pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión efectiva, además de su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla penalmente responsable de ser la jefa de una asociación ilícita, y de los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El alegato de la defensa, sin explicaciones sobre la cartelización de obras en Santa Cruz

Este lunes, en su exposición de manera virtual, Beraldi negó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que las obras cuestionadas en este expediente hayan sido a otorgadas Lázaro Báez de manera irregular. También buscó desvincular a su defendida de la asignación de fondos a la provincia de Santa Cruz. Insistió en que la asignación de los fondos como el control de las obras eran ajenos al Poder Ejecutivo.

En la audiencia de este lunes no hubo explicaciones, sin embargo, sobre el presunto direccionamiento de las obras mediante las licitaciones simuladas a favor de Lázaro Báez, uno de los puntos más sólidos de la acusación, es decir, la presunta “cartelización” donde en licitaciones competían empresas del grupo económico que lideraba Báez.

El alegato de la defensa buscó contrarrestar la acusación por el delito de asociación ilícita contrastando fragmentos de la acusación que fueron reproducidos, con fragmentos de las declaraciones de testigos que pasaron por el juicio. Se prevé que Beraldi su asistente Ary Llernovoy intentarán refutar la acusación de los fiscales sobre el llamado “plan limpiar todo”.

Acusación de “mala praxis” y chicanas por un desperfecto técnico en la audiencia

Para Beraldi, los fiscales incurrieron en “mala praxis”, porque según él no buscaron la verdad en este juicio. “Yo nunca vi mentir en un juicio de esta manera”, acusó el defensor de Cristina contra los fiscales Luciani y Sergio Mola.

Y ante la pérdida de conexión de la Fiscalía en la audiencia por Zoom, Beraldi optó por las chicanas: “La fiscalía perdió conexión, no sé si con el juicio o qué…”. El presidente del tribunal, Jorge Gorini, confirmó el incidente técnico. Se dispuso un cuarto intermedio hasta resolver el problema y 5 minutos después, retomaron la audiencia.

En línea con el planteo de Cristina Kirchner en su defensa pública –con argumentos más políticos que técnicos-, tras conocerse el pedido de condena, Beraldi consideró que los hechos que se analizan en este juicio, ya habían sido investigados. Es el argumento por el que Beraldi y Cristina Kirchner solicitaron la anulación del juicio, planteo desestimado, primero por el Tribunal Oral Federal 2 y después por la Corte Suprema de Justicia.

Ataque contra Iguacel

Por otra parte, Beraldi sacó a relucir un informe de técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad que había solicitado el ex titular de Vialidad Javier Iguacel sobre la ejecución de obras en Santa Cruz. “Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales que fueron detallados en cada obra. Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras. Grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto”, fustigó Beraldi.

El abogado se refirió así a informes en los que aparecía vinculada Iecsa, la firma de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. “Habían ido por Cristina, pero se encontraron con Macri”, dijo el abogado defensor, en línea con otro de los planteos de Cristina Kirchner en su alocución pública, que buscó relacionar la corrupción en la obra pública con el ex presidente de Cambiemos.

La defensa insistió en que las obras estuvieron presupuestadas con activa participación del Congreso

Luego atacó otro de los puntos que resaltó el fiscal durante su alegato, relacionado con el Presupuesto Nacional. Luciani dijo que la maniobra investigada tuvo leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso como soporte, dado que estas autorizaron la realización de gran parte de las obras públicas cuestionadas en este expediente. De acuerdo con el argumento acusatorio, el Poder Legislativo aprobaba sin modificaciones los proyectos de presupuesto enviados por el Poder Ejecutivo.

Pero Beraldi cuestionó especialmente a Luciani por sostener que el Congreso tuvo una “participación marginal” y expuso fragmentos de las declaraciones testimoniales de Raúl Rigo (entonces funcionario de la Oficina de Presupuesto y actual Secretario de Hacienda), Carlos Zannini (exsecretario de Legal y Técnica) y Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete). Repasó el proceso de confección y aprobación del presupuesto y cuestionó que la fiscalía no pidiera como testigos a personas especializadas en esta materia, que declararon por pedido de Cristina Kirchner.

En este sentido, Beraldi consideró que el Congreso se manejaba con autonomía. Y por ende, desligó a la entonces presidenta de las partidas presupuestarias que se asignaban para las obras en Santa Cruz o los posteriores decretos que las aumentaban. Para fortalecer ese argumento, mostró testimoniales de dirigentes y funcionarios del oficialismo, como el Presidente Alberto Fernández, Carlos Zannini, Aníbal Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, quienes declararon por haber formado parte de los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, como jefes de gabinete (o como secretario de Legal y Técnica en el caso de Zannini).

Para la defensa no existió un “apagón informativo” en el Congreso respecto de las obras otorgadas a Lázaro Báez

En rechazo a la acusación que gira en torno al “apagón informativo”, es decir, a la acusación de la Fiscalía respecto de que el Congreso no recibía información sobre las obras otorgadas al grupo de Lázaro Báez, el defensor Beraldi acusó a los fiscales de ocultar “deliberadamente”, “los códigos presupuestarios” de las obras. “Es como la cédula de identidad de cada obra”, sostuvo Beraldi, remarcando que “está todo en el Presupuesto”. “No hay ninguna posibilidad de que haya habido un supuesto ‘apagón informativo’. El Congreso jamás fue engañado”, opinó.

Según está previsto, Beraldi y Llernovoy continuarán este martes con la defensa de la vicepresidenta. Está previsto que ella exponga el viernes y cierre el alegato de manera remota, también vía Zoom.