[vc_row][vc_column][vc_column_text]El oficialismo presentó en el Senado un proyecto que busca modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2006 con la mira puesta en “bancarizar y transparentar los gastos de campaña”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”204401″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Después del escándalo de financiación irregular en la campaña de Cambiemos que sacudió a la política argentina, el oficialismo presentó un proyecto en el Senado para refrescar su imagen ante el electorado del 2019.

Cabe recordar que la justicia argentina investiga la existencia de supuestos aportantes truchos en Cambiemos y lleva ya 50 personas citadas a declarar.

El origen del caso fue una nota del periodista Juan Ignacio Amorín en el portal El Destape. La misma reveló con documentación real que cientos de personas que reciben planes sociales o que están por debajo de la línea de pobreza aparecen financiando la campaña del PRO con donaciones de dinero. Comenzó así la investigación por los “aportantes truchos” que aseguraron no tener ninguna relación con Cambiemos.

El texto que la coalición oficialista presentó en el Senado lleva la firma del jefe del bloque de senadores radicales, Angel Rozas, y de su par Pedro Braillard Poccard.

La iniciativa a la que accedió la agencia Télam incorpora a la actual ley 26.215 un artículo que sostiene que los aportes en dinero “deberán ser efectuados únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas digitales, siempre que estos permitan la identificación del donante y la trazabilidad del aporte”.

Las entidades bancarias o administradoras de tarjetas “deberán informar a la agrupación política destinataria del aporte la identidad del aportante, y permitir la reversión en caso de que el mismo no sea aceptado por el destinatario sin necesidad de expresar causa”.

Responsables económicos

En el artículo 27, Cambiemos propone designar dos responsables económico financieros por cada partido; uno, con matrícula profesional de contador público, y, el restante, debe ser una autoridad partidaria.

Respecto al financiamiento privado, el proyecto del oficialismo incluye a “todo aporte que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política destinada al financiamiento de los gastos electorales”.

“Podrá reglamentarse el uso de mecanismos de recaudación -agrega la norma-, que tiendan a que los aportes se lleven a cabo a través de procedimientos sencillos, transparentes y equitativos, propiciando la participación ciudadana”.

También establece un tope para el monto a percibir por los partidos de parte de una misma persona humana o jurídica. “Las agrupaciones políticas no podrán recibir aportes para una campaña electoral de una misma persona humana o jurídica por montos superiores al dos por ciento de los gastos permitidos para esa campaña”.

La propuesta presentada en el Senado podría ser debatida en comisiones antes de fin de año si se logra consenso con los partidos de la oposición, particularmente con el peronismo, que también trabaja en un proyecto sobre el tema.

Bancarización

Con la firma del jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, el texto del PJ también propone la bancarización de los aportes a los partidos y permite los aportes de empresas -algo que prohíbe la ley actual-, pero fija límites a esas contribuciones.

En la Cámara de Diputados, la diputada del PRO Silvia Lospennato también presentó una iniciativa sobre financiamiento de los partidos, pero que aún no logró consenso para ser debatida.

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