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Buscan transparentar patrimonio de empresarios y gobernantes

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En el marco de la relación que mantienen funcionarios nacionales, provinciales y municipales con la actividad privada, ahora se exigiría que los contratistas del Estado informen si hay vínculos familiares entre representantes de ambos sectores.

Buscan transparentar patrimonio de empresarios y gobernantes

En el marco de la relación que mantienen funcionarios nacionales, provinciales y municipales con la actividad privada, ahora se exigiría que los contratistas del Estado informen si hay vínculos familiares entre representantes de ambos sectores.Es obligación que empleados jerarquizados deben formular declaraciones juradas acerca de sus bienes patrimoniales, antes y después de ejercer cargos públicos. Esta medida se cumple a rajatabla en el ámbito federal y en la mayoría de las provincias argentinas.

No así en Misiones, porque aquí sigue en vigencia una ley aprobada en 1989, cuando la Cámara de Representantes aprobó el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, cuyo titular entonces era Julio Humada, restringiendo dicha normativa al considerar que los funcionarios no están obligados a cumplir con la misma.

Además, estableció el carácter de reserva a las declaraciones patrimoniales, otorgando la responsabilidad de la autoridad de aplicación a quien le comprendiera el artículo 157 del Código Penal. “Sólo serán obligatorias -dice- en los siguientes casos: a) cuando sean requeridas por los poderes u organismos de los cuales dependan o pertenecen las personas comprendidas en esta ley; b) cuando lo requiera una autoridad judicial o c) cuando el firmante de una declaración jurada la libere de la reserva”.Nadie sabe nada

En consecuencia, nadie sabe a cuanto ascendían los bienes de Carlos Rovira, Maurice Closs, Santiago Ros, Balero Torres, Pelito Escobar, Pity Ferreyra, Sergio Dobrusin, Raúl Castagno, Miguel Pimpi Thomas, entre otros, cuando fueron designados en altos puestos del gobierno misionero. Ni tampoco el estado patrimonial de los mismos en la actualidad, después de muchos años cobrando sueldos públicos.

El tema vuelve a replantearse justamente ahora, ya que la Legislatura nacional debatirá el proyecto que apunta a transparentar la relación que mantienen los gobernantes con contratistas y abastecedores particulares, algo permanente y necesario. En enero último la jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Laura Alonso, impulsó el cumplimiento de la ley 25.188,que obliga a todas las autoridades a prestar declaraciones juradas.

Por su parte la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) efectuó una investigación que comprende a 23 provincias argentinas, destacando que “el libre acceso a los bienes patrimoniales de los funcionarios es una de las herramientas más importantes con que cuenta la sociedad civil para conocer sus ingresos y antecedentes laborales en cargos públicos”. A renglón seguido sostiene: “es clave para identificar potenciales enriquecimientos indebidos, incompatibilidades y conflictos de intereses. Declaraciones claras, completas e integrales permiten garantizar una efectiva rendición de cuentas, así como prevenir y combatir la corrupción” destaca el informe de la (Acij)

Dudas sin aclarar

Las transformaciones que día a día se intentan en un país sacudido por fuerte crisis, afectando especialmente a trabajadores de bajos ingresos como los docentes, no impiden que todavía siguen “sanos y salvos” feudos como Santa Cruz de los Kirchner, Formosa de Insfrán, San Juan de los Gioja o San Luis de los Rodríguez Saa.

En Misiones en tanto, continúa ignorándose los ingresos de quien hoy comanda el Palacio Legislativo al ser nombrado empleado estatal en 1984. Y a cuanto asciende su fortuna en la actualidad, como que su enorme mansión en Punta Laurel extendida 1.000 metros río adentro, además de haberse quedado con el espacio público donde habías juegos infantiles y embarcadores de lanchas al final de la avenida Jauretche.

Si es cierto (o nó), que tiene casa en Punta del Este, propiedades en Brasil, en Francia, campos en Corrientes. Que integra fideicomisos formado en una conocida escribanía con prestanombres (“testaferros”), dueños de edificios en torre que se erigen en puntos igualmente privilegiados de Posadas.

También se ignora la fortuna de Closs, integrante junto con su familia de la UTE Cataratas, la que durante sus dos mandatos comenzó a operar lujosos hoteles en Posadas, Iguazú; propietaria forestaciones, de centenares de camiones, de la distribución de combustibles en el NEA, hipermercados, etcétera.

O el caso de los caballos de carrera y propiedades de Balero Torres, el que maneja a su antojo el Iplyc fuera de cualquier control fiscal.

O el del presidente de Emsa, Pity Ferreyra, quien también formaría parte de un fideicomiso que negocia la compra de media manzana distante cuatro cuadras de la plaza 9 de Julio.

O como hizo Santiago Ros para quedarse con otra lujosa casa a orillas del Paraná, disponiendo de un embarcadero propio, Asociado asimismo a empresas ligadas a una legendaria logia, algo difícil de comprobar porque todos actúan desde hace 15 años en forma corporativa. Ningún juez ni fiscal se anima a investigarlos.

¿Alguna vez la democracia en Misiones alcanzará niveles de transparencia?. No hay que olvidar que el ciudadano común continúa presionado por altos impuestos y que la nueva oligarquía de políticos misioneros, sigue mandando impunemente.

sb

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