[vc_row][vc_column][vc_column_text]El juez federal envió un adelanto del resumen de la causa al CIJ (Centro de Información Judicial), por lo que quedarían afuera de la investigación Paolo Rocca (Techint) y la familia Macri. También quedarían fuera de la causa, los testimonios claves de los arrepentidos Claudio Uberti (ex jefe de la OCCOVI) y Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción Argentina).[/vc_column_text][vc_single_image image=”194231″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]CAPITAL FEDERAL. El juez Claudio Bonadío le mandó este viernes por la noche a la abogada María Bourdin un “resumen” de la causa de los cuadernos para que lo comunique a través de la página de Centro de Información Judicial (CIJ), un organismo que responde a la Corte Suprema.

La decisión de Bonadío impactó fuerte en tribunales, porque el “resumen” que filtró el juez da por hecho que se procesará a los involucrados, mediante el poco ortodoxo mecanismo de anticipar una decisión tan delicada mediante un comunicado de prensa y sin que los abogados defensores todavía puedan acceder a tramos críticos del expediente.

En los tribunales coinciden en que Bonadío hasta ahora se venía manejando con un cuidado que no había tenido en causas previas, para evitar nulidades que derriben la causa como pasó en el caso Skanka, en la que también actuó el fiscal Carlos Stornelli.

Hasta ahora la objeción más seria que enfrenta el expediente es el muy probable forum shopping inicial –es decir, que la causa no fue a sorteo-, que sigue sin recibir una explicación consistente por parte de Bonadio y Stornelli.

Pero más allá de la bronca que generó el resumen, el punto que por estas horas miran con más atención los tribunales superiores que deberán revisar lo actuado -según se desprende del texto del CIJ- es que Bonadio decidió que la investigación se corte retroactivamente en 2008.

En la minuta cedida al CIJ el juez menciona a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y sostiene de manera explícita que la investigación se concentrará en los hechos ocurridos entre los años 2008 y 2015, cuando los acusados “procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

A priori, el corte desata dudas sobre qué valor tendrá ahora la declaración de Claudio Uberti, conocido como el ex “embajador paralelo” en Venezuela que fue aceptado como arrepentido e integró el gobierno hasta 2007, cuando protagonizó el escándalo de la valija de Antonini Wilson.

Ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y hombre clave por aquellos años del equipo de Julio de Vido, declaró ante el fiscal Carlos Stornelli que desde la esfera más alta del poder estaban “al tanto” del traslado de los bolsos con dinero (ver declaración).

En su testimonio detalló con mucha precisión los sucesivos pagos de coimas que realizó Techint a través de Luis Betnaza y también involucró en el pago de sobornos al fallecido empresario José Relats, operador a través de su hija del elegante Hotel Los Sauces del Calafate, proyecto personal de la ex presidenta.

Ambos hechos se produjeron en el 2007, por lo que la decisión del juez dejaría fuera de esta causa tanto a Betnaza como a Héctor Zabaleta, con la curiosidad que ambos confesaron la veracidad de los hechos relatados, como así también hizo el propio Paolo Rocca en una incomprensible declaración pública ante todo el establishment argentino y el propio presidente Macri en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que hasta ahora no motivó ninguna acción del juzgado.

Otro testimonio clave fue el de Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que mencionó a varias empresas en el circuito de las coimas y por eso podría salpicar incluso a la familia del Presidente.

Wagner habló de un sistema que empezó en 2003 de mesas de cartelización y reparto de obra pública en base al pago de coimas, del que ya en 2004 participaba Iecsa. En ese entonces, la firma no estaba a nombre de Ángelo Calcaterra sino de la familia Macri.

Aparentemente en esa época en el directorio de las empresas de la familia del presidente estaban su hermano Gianfranco y Pablo Clusellas, actual secretario Legal y Técnico y uno de los vínculos más importantes del Presidente con el Poder Judicial.

Hasta ahora Macri no ha aparecido interfiriendo en el avance de la investigación, al punto que dejó que quede comprometido y ahora al borde del procesamiento su primo hermano Ángelo Calcaterra, uno de los vínculos humanos más importantes del presidente. Ello si es verdad, que tiene la información al detalle de lo que ocurre en la causa a través de su secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas y su histórico operador judicial, el presidente de Boca, Daniel Angelici.

De hecho, Macri, ya lanzó advertencias a los gobernadores peronistas sobre el riesgo que enfrentan sino acompañan su programa de ajuste que deberá contener el presupuesto del año próximo.

Algunos gobernadores habrían sido rozados por el testimonio José López -cuyos trascendidos encendieron la alarma en funcionarios e intendentes-. Tanto esa declaración como la de Juan Chediak, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y un empresario muy cercano a Macri, están blindadas.

Así, el CEO de Techint, Paolo Rocca, podría convertirse en el principal beneficiado del corte temporal que anticipó el texto que envió Bonadio al CIJ. Se trata del único dueño de una empresa involucrada en el pago de coimas al kirchnerismo que todavía no fue citado.

En tribunales creen que el esfuerzo que parece hacer el juez para que la causa no toque al dueño de la empresa más importante del país compromete la “integridad” de la casa y quedó muy en evidencia en una filtración al diario Clarín de esta semana, en la que directamente se anticipó que no se piensa convocar a Rocca ni al banquero Luis Ribaya, ex directivo del banco Galicia y muy cercano a De Vido.[/vc_column_text][vc_media_grid element_width=”3″ grid_id=”vc_gid:1535391674693-73435edf-67e4-1″ include=”194202,191828,194232,192895″][vc_column_text]

A continuación, el resumen enviado por Bonadío al CIJ

“La causa N° 9.608/2018 caratulada ‘Fernandez Cristina Elizabet y otros s/ asociación ilícita’ del registro de la Secretaría N° 21 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Claudio Bonadio, se inicia a raíz de la información aportada en el marco de la causa nº 10.456/2014 de esa misma Secretaría, por una persona a quien oportunamente se le reservó su identidad, quien acompañó copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional.-

A partir de estas circunstancias, se realizaron distintas medidas probatorias tendientes a establecer la verosimilitud de la información plasmada en tales registros. En ese sentido, se realizaron tareas de inteligencia, se recabaron informes, y se procedió a la intervención de ciertos abonados telefónicos.-

Por consiguiente, se obtuvieron indicios que ‘prima facie’ permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho (8) años –cuanto menos–, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma ‘Energía Argentina S.A.’ –‘ENARSA’–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno.-

A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido.-

En el citado expediente, el cual cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación y anexos, se han practicado 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.-

Además se secuestraron más de doscientos cincuenta (250) obras pictóricas en posesión de dos imputados por aprox. pesos treinta y siete millones ($ 37.000.000,00) y pesos cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000,00).-

Como consecuencia de ello se han secuestrado aproximadamente, más de seis millones trescientos cincuenta mil de pesos ($ 6.350.000,00), más de un millón doscientos cuarenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 1.245.000,00), más de doscientos treinta y cinco mil euros (€ 235.000,00), como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, nueve (9) armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.-

En total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura.-

Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento, se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva.-

En alusión a las resoluciones dispuestas en el marco de la presente investigación, se puede mencionar que se ha rechazado un planteo de nulidad y tres recusaciones presentadas contra el Juez de la causa y una restante, contra el Representante del Ministerio Público Fiscal.-

Informe: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11,

Actualizado al 24 de agosto de 2018.-”[/vc_column_text][vc_facebook type=”button_count”][vc_tweetmeme][vc_column_text]

La Política Online/jmm.

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