ROSARIO. Las críticas que viene recibiendo la ministra de Seguridad Sabina Frederic por el descontrol total del crimen narco en Rosario, ahora también afectan a su par de Justicia, el ultrakirchnerista Martín Soria.
El ministro de Justicia de la Nación se mantiene impávido ante la acción de Los Monos, que siguen digitando ataques sicarios y otros delitos desde las cárceles que son responsabilidad del “invisible” reemplazante Marcela Losardo.
Según LPO, Rosario tuvo 13 asesinatos en menos de 10 días y balaceras a blancos judiciales, civiles y políticos. El telón de fondo es el juicio contra el capo de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero y otros siete integrantes de la banda.
El capo narco habría orquestado el atentado contra el Centro de Justicia Penal donde enfrenta el juicio. De hecho, le encontraron hasta un teléfono fijo en la celda de Marcos Paz. Ese penal pertenece al servicio penitenciario federal, a cargo de Soria.
En Marcos Paz también está detenido Esteban Lindor Alvarado, el otro líder narco, en juicio por instigar el asesinato de un prestamista y por liderar una presunta asociación ilícita de traficantes y tiratiros que podría exponer complicidades de guante blanco.
Este lunes mataron en su taller mecánico al testigo protegido Carlos Argüelles, que iba a aportar un testimonio clave contra Alvarado.
La muerte de Argüelles causó una gran conmoción en la Justicia santafesina. En esa provincia se preguntan qué más hace falta para que el ministro de Justicia se interese en el asunto. Entonces surge el debate sobre si la cuestión no merece una intervención de la justicia federal, mientras los magistrados locales son amenazados de muerte.
La otra funcionaria que empiezan a cuestionar en Santa Fe es María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal y ex presidenta de la agrupación ultrakirchnerista, “Justicia Legítima”.
Soria había reemplazado a Marcela Losardo por las críticas que recibía la abogada de confianza de Alberto Fernández. Le cuestionaban su “pasividad” ante la Justicia federal y la Corte Suprema, mientras avanzan las causas por corrupción contra la vicepresidente Cristina Kirchner. El nuevo ministro asumió en marzo y sólo se dedicó a los temas que interesan a la ex presidenta. Y nunca se reunió ni llamó a los jueces del Máximo Tribunal ni a sus emisarios.
Al igual que Losardo, Soria demora la implementación en Santa Fe del sistema acusatorio en la justicia federal, por el cual el fiscal asume la investigación en las pesquisas penales. Este sistema fue aprobado por el Congreso en diciembre de 2018, cuando se sancionó la reforma del Código Procesal Penal.
El nuevo sistema le da más atribuciones al fiscal en la investigación, en lugar del sistema inquisitorio que rige en todas las provincias a excepción de Jujuy y Salta, que adoptaron el sistema en junio de 2019.
Santa Fe era la tercera provincia que iba a implementar este cambio dispuesto en etapas. Más de dos años después de esa fecha, el Gobierno actual no avanzó con las etapas. Y no es casual que el entonces Frente para la Victoria (FpV) fuera el único bloque que votó en contra de la reforma en 2018. Es que en el modelo acusatorio, los fiscales adquieren más poder. Y el kirchnerismo no logró modificar la ley del Ministerio Público. O imponer a un Procurador afín al sector del FDT que enfrenta causas penales por corrupción.
Cabe destacar que las experiencias en Jujuy y Salta agilizaron los nombramientos de jueces y fiscales, además de los procesos penales. En Santa Fe, en cambio, sigue vacante el juzgado federal de Rafaela y el juzgado federal nº2 de la capital provincial.
