[vc_row][vc_column][vc_column_text]Desde el Gobierno sostienen que el principal objetivo es acortar los tiempos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales. El decreto se publicará este lunes. Aquí los principales puntos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”89284″ img_size=”full” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]El decreto presidencial que modificará la Ley de Migraciones se publicaría este lunes, según adelantó el diario La Nación.

Entre otras cosas, el decreto establece una “regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas”.

Además, para abreviar los procesos de expulsión de migrantes con antecedentes penales se crea “un proceso especial sumarísimo”, indicó el matutino nacional.

Uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”.

Con la modificación, el inciso c, se divide en dos. Por un lado, los delitos comunes, y en el otro inciso los delitos de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (incorporación nueva) lavado, inversiones ilícitas.

Desde el Gobierno consideran que este cambio “da más claridad interpretativa y permite regular mejor el resto de los institutos vinculados”. Además, según adelantaron las fuentes, se suma como causal la condena o antecedentes por delitos de corrupción.

El decreto determinará que se entienda como antecedente penal “un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable“. Según confiaron las fuentes oficiales a LA NACION, “el Poder Judicial no estaba informando sobre procesos judiciales abiertos a extranjeros. La idea es que, bajo conocimiento de estos procesos, se pueda iniciar un tràmite de expulsión”.

Sobre esto, añadieron que “no informar sobre procesos a extranjeros será causal de juicio político”.

Con respecto a acortar los plazos, entre otros motivos que sostienen desde el Gobierno está el hecho de que se advirtió que las mafias de trata de personas aprovechaban vericuetos legales para evitar los procedimientos de expulsión. “Por ejemplo, lograban obtener la ciudadanía para la persona ingresada ilegalmente, por medio de gestores. Con esto frenaban los trámites de expulsión: tenían suficiente margen de tiempo por las demoras del proceso”.

El decreto incorpora también como causales de impedimento de ingreso al país omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que “sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión”.

Por otra parte, las fuentes indicaron que se incorpora otro cambio: si un inmigrante pagó para que lo trajeran, a pesar de que esto infringe la ley, si colabora para dar con el traficante de personas, podrá pedir la residencia y evitar la expulsión.

En tanto, hasta ahora el piso de prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con la modificación, será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.

Los voceros destacaron que las residencias que están en trámite deberán ajustarse a la normativa y cumplir con los nuevos requisitos. “Vamos a ser más exigentes, lo que por otra parte sólo es asimilar el sistema a lo que hacen otros países”, señaló una fuente.

El decreto fue elaborado en conjunto entre los ministerios de Justicia y de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Migraciones y Cancillería. Además, según las fuentes, se sumaron aportes de otras fuerzas políticas, expresó el informe de La Nación.

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