BUENOS AIRES. El proyecto que reforma la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados. Pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos consiguió alzarse con una iniciativa reclamada por el FMI, pero con un bajo número de votos favorables. 

Según publicó Parlamentario, el proyecto, que ahora deberá ser analizado en el Senado, cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Aunque el bloque Pro había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, la bancada macrista terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio. El diputado Pablo Tonelli, que había sido uno de los articuladores en la negociación, se ausentó de la votación y se bajó de la lista de oradores.

Es que, en la antesala de la sesión, durante el tratamiento en comisiones, la Coalición Cívica, la UCR y Evolución Radical, habían suscripto un dictamen de minoría, del que también fue parte el Interbloque Federal. Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.

El bloque de Milei estuvo ausente en esta votación

De esta manera, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal votaron en contra. También lo hicieron así los cuatro diputados del Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert. El bloque de Javier Milei no estuvo presente, ni tampoco la ahora monobloquista cercana al líder de La Libertad Avanza, Carolina Píparo.

Junto al oficialismo, que tuvo ausentes en sus filas -así también la principal bancada opositora-, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas –entre ellos, los renovadores Carlos Fernández y Diego Sartori- y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa.

En tanto, las abstenciones fueron de los monobloquistas, dentro de JxC, Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO) Y de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois, Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.

Los planteos de la oposición al proyecto del oficialismo

Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse para agregar dos artículos para modificar la selección y remoción de las autoridades de la UIF, y otro sobre las facultades del organismo. Unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias los votaron favorablemente a mano alzada.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Los argumentos de los diputados que impulsaron el dictamen en minoría en comisión

Al defender el dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI-JxC) cuestionó que el Frente de Todos “no quiere incorporar una de esas 40 recomendaciones del GAFI que es la clave de todas, la madre de todas las recomendaciones, que es la número 29, que dice que la UIF debe ser independiente, autónoma operativamente, lo que significa que debe contar con autoridades y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de su análisis”.

En esa línea, la cívica cuestionó que no se toque el tema de “la autonomía y la independencia que hoy la UIF no tiene, porque es el Poder Ejecutivo el que pone y saca a los funcionarios y esto hace que no pueda tener independencia y que sea pasible de todas las influencias políticas de este gobierno, del anterior y de cualquiera que venga”.

Además, Frade chicaneó al oficialismo porque “esta ley que sacan a los empujones la necesita Sergio Massa que está negociando con el FMI, entonces tiene que salir algo, no importa qué. Tiene que salir algo que muestre al FMI, pero que no sea tan serio para que sea independiente y que no sea cosa que controle el narcotráfico, el contrabando y todo lo que acecha en este país de la mano del oficialismo”, fustigó.

“Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, nos metieron en la lista gris”

Quien también respaldó el dictamen de minoría fue el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical-JxC), quien recordó que “viene pronto una evaluación del GAFI y podemos quedar en offside”. “Sabemos la importancia de eso porque lo que pasó es que, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2010, nos metieron en la lista gris”, apuntó el legislador.

En sintonía con Frade, el radical dijo que “la recomendación 29 de la UIF es que todos los países tienen que tener una unidad de inteligencia financiera para que hagan la tarea de reporte de actividades sospechosas, de control, de lucha contra la corrupción y marca esa recomendación que tiene que haber una autonomía funcional y esa independencia, pero se tiene que llevar a la práctica. Pero si uno ve hoy el procedimiento que marca la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía”.

“Por ende, si lo pone el ministro, no hay autonomía y no cumple con los estándares que marca la UIF de ‘sin interferencias o influencias políticas gubernamentales o industriales’”, explicó.

Algunos aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI. 

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Cambios respecto del rol de abogados, contadores y secreto profesional

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. 

Asimismo, se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas. 

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. 

Creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización

Además, el proyecto contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.